El Tribunal de Justicia comunitario acaba de apoyar a la Comisión Europea frente al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas, el Ecofin. Ha anulado la decisión de este organismo del 25 de noviembre pasado porque, en lugar de cumplir con las instrucciones de la Comisión y abrir expediente a Francia y Alemania por sus déficits excesivos, optó por dictarles unas recomendaciones para que ajustaran sus presupuestos pero concediéndoles un trato de favor del que otros países, como Portugal, no habían gozado.
El fallo del tribunal constituye un espaldarazo para el rigor con que la Comisión Europea y el resto de las instituciones de la Unión deben aplicar las normas de que ésta se ha dotado. Ahora se trata de la política económica, pero el mensaje de fondo es extensible al resto de las disciplinas en las que interviene Bruselas.
En cualquier caso, y a la vista de los planes en marcha para retocar el plan de estabilidad, que tienden a hacerlo menos rígido, la sentencia contiene elementos positivos para forzar la negociación entre la Comisión y el Ecofin, es decir, entre la ortodoxia de los despachos de Bruselas y los intereses concretos de los países miembros.
