Todas las miradas están puestas en Europa. Otra vez España fía su recuperación económica al buen hacer de las ayudas europeas sin matizar --o explicar-- qué le sucede a nuestra economía para ser tan frágil ante cualquier coyuntura económica. O si hay capacidad financiera para aliviar a los sectores dañados por las restricciones de la pandemia.
Porque la realidad es que los sectores que sustentan nuestra economía no han recibido aún las ayudas directas prometidas por el Gobierno de España. Ni el turismo, ni la hostelería. Tampoco son suficientes las migajas al sector de la nieve dadas por el Gobierno de Aragón.
O la fotografía actual de cientos de municipios que aguantan la coyuntura de la crisis con cargo a sus maltrechas cuentas públicas.
Es el caso de Zaragoza, que para llamar la atención del Gobierno se ve obligada a declararse zona catastrófica. Ahí es nada.
Y mientras las vacunas de Pfizer comienzan a llegar a nuestros hospitales y residencias, la incógnita es saber si España está preparada para que los fondos sean bien gestionados. Qué más da cuando alguien llamado Europa afloja la pasta para que se utilice como propaganda, dirá alguno.
Los fondos europeos que llegarían en seis años a España, hasta 140.000 millones de euros, la mayor oportunidad del último siglo. Una cantidad destinada para proyectos estratégicos en energía sostenible, la tan ansiada digitalización, la reforma del mercado del trabajo o recortes en gasto público improductivo.
Pero la realidad estropea el titular de la llegada de los fondos europeos. España evidencia cada año que carece de la estructura administrativa para poder ejecutar con holgura las ayudas europeas. Es una situación estructural que adolece cualquier administración por la disfunción habitual del sistema administrativo en la tramitación de proyectos más habituados al sector privado.
La gestión de las ayudas europeas no consiste en gastar por gastar. Ni en hacerlo más rápido para que tenga algún impacto en la economía. Es necesario una estrategia certera que incluya a las autonomías. En definitiva: a quién se reparte, cuánto se da, para qué objetivo y si tendrá retorno.
Si no volveremos al habitual gasto por criterios políticos, e incluso clientelares, que rellenarán un titular dentro de varios años tras algún informe concienzudo del Tribunal de Cuentas. Y hay que recordarlo: el dinero siempre es de alguien. Lo que a la larga hará que los acreedores llamen a nuestra puerta para reclamarlo.
