Que la ley es igual para todo el mundo es el mantra bajo el que ayer se cobijaron Soraya Sáenz de Santamaría y Ana Botella a propósito del incidente de Esperanza Aguirre en la Gran Vía madrileña. La actuación de la expresidenta de Madrid, a tenor del parte escrito de la policía municipal de la capital, tiene características que pueden ser delito. Y todo esto tiene lugar en una sorda precampaña electoral cara al 2015 en la que están en juego las aspiraciones de Aguirre, contrarias al querer de Santamaría y Botella. Pero el incidente de la lideresa desprende, sobre todo, un comportamiento caciquil que pone en jaque su carrera política. Es difícilmente imaginable que la policía municipal haya tergiversado hasta tal punto el parte del incidente como haría suponer la versión de Aguirre. Implicar a los guardias civiles que la protegen eleva el error de la actuación de Aguirre que, fiel a su fama, no ha expresado arrepentimiento por un comportamiento que considera apropiado y de defensa ante una supuesta teoría conspiratoria mediática de los agentes. Al margen de las presuntas ilegalidades, Aguirre se ha retratado de nuevo.
