El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha generado una corriente de ilusión colectiva bastante generalizada y ha despertado muchas esperanzas: unos, que la economía transite hacia un modelo ecológicamente sostenible; otros, que se deroguen los aspectos más negativos de la reforma laboral para conseguir empleos estables, de calidad y bien retribuidos. Todos, que se fortalezca lo público: la sanidad, la educación, las pensiones, los servicios sociales, la dependencia… También una inmensa mayoría tenemos confianza en que la tensión territorial baje de tono y volvamos a reencontrarnos todos los pueblos de España en la mesa del diálogo, de la comprensión de las particularidades de cada uno, sin descuidar las políticas de compensación de las desigualdades. Creo, en definitiva, que este gobierno del PSOE ha levantado esa losa de pesimismo y desesperanza que se había instalado entre la ciudadanía de nuestro país hace ya demasiado tiempo.
Desde el mundo educativo, en tan solo unos días, muchos hemos vuelto a recuperar la esperanza del Pacto de Estado por la Educación. Hay que aprovechar las sinergias positivas que se han generado y la capacidad y experiencia de la nueva ministra Isabel Celaá para retomarlo, negociarlo y firmarlo. En su calidad de pacto social todos los agentes de la comunidad educativa deben tener un papel fundamental, de una manera prioritaria las familias y el profesorado, representado por sus organizaciones sindicales.
Mi experiencia en el trabajo sindical me dice que el pacto es posible. Pero el educativo, además de posible es absolutamente necesario para que de una vez por todas blindemos la Educación de la legítima confrontación política y lleguemos a un gran acuerdo con el consenso de todos o de la inmensa mayoría de los partidos políticos. Y cuando digo todos, efectivamente quiero decir que ese futuro pacto y su correlativa ley no pueden ser ni de izquierdas, ni de derechas. Es decir, todos tienen que verse identificados en él, todos habrán podido introducir algunas de sus propuestas y todos habrán perdido otras peticiones; como decimos coloquialmente, todos se habrán dejado «pelos en la gatera». Pero el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza que reciben los niños, niñas y jóvenes de nuestro país bien merece la pena.
Empieza a haber ya bastante unanimidad en la comunidad educativa sobre que las reválidas planteadas en la LOMCE son un obstáculo innecesario que no ayudan a la formación del alumnado sino que más bien actúan como dique de contención para la promoción individual y colectiva: elimínense. Cada vez hay menos discrepancias en que la orientación de 4º de ESO hacia el bachillerato o la formación profesional no tiene el carácter segregador que algunos pensábamos que podía tener: manténgase.
Todo el mundo reconoce que la enseñanza pública es la única que puede vertebrar el sistema educativo y hacerlo universal llegando hasta los pueblos más pequeños: prioricémosla y mejorémosla.
Pero también mucha gente reconoce que hay centros concertados necesarios para cubrir las necesidades de escolarización en barrios donde la enseñanza pública es insuficiente y además están comprometidos con la escolarización del alumnado con dificultades. En la defensa de esta enseñanza concertada y de sus trabajadores nos encontrarán a muchos. Pero también habrá que aceptar en el pacto educativo que hay que suprimir los privilegios que proporciona la LOMCE para que puedan tener concierto los centros que segregan al alumnado por razón de género y así mismo habrá de admitirse que aquellos centros, hoy concertados, que se ubican en los extrarradios de las ciudades y que no cubren para nada necesidades de escolarización, tampoco podrán estar concertados. En este tema tan polémico, equilibrio entre la red pública y la concertada, todos tendremos que dejarnos «pelos en la gatera» para llegar al pacto.
Y aunque hay muchos otros temas a los que podría referirme y que serán objeto del pacto: financiación, estructura de las enseñanzas, formación del profesorado, etcétera, terminaré con el asunto de la Religión. Desde posiciones laicas se argumenta, con criterio, que tanto la religión católica como el resto de religiones deben estar fuera del ámbito escolar porque forman parte de las creencias personales y familiares. Desde posiciones confesionales se defiende justo lo contrario incorporando la religión al currículo y dándole carácter evaluable, que es la situación actual. De nuevo en este tema polémico habrá que renunciar a posiciones rígidas y admitir que las religiones puedan existir en el contexto escolar, si bien no tendrán carácter curricular ni serán evaluables.
Dialogar, negociar, pactar… Es lo que exige el pluripartidismo actual y lo que demanda la mayoría de la ciudadanía. No será fácil conseguirlo pero habrá que intentarlo. Confío en que el gobierno de Pedro Sánchez lo va a hacer.
*Exsecretario general de Enseñanza CCOO--Aragón
