Por primera vez en doce años, todos los partidos que firmaron el Pacto del Agua en Aragón están dispuestos a revisar ese documento. Liberado de las presiones del Plan Hidrológico Nacional y del trasvase del Ebro, el PP de Aragón ha sido la última formación en aceptar la negociación, tras constatar el anacronismo que supone mantener inalterado este documento. Los doce años del Pacto del Agua han llenado páginas y páginas de información, pero no han sido precisamente fructíferos para Aragón. Las inversiones prometidas en 1992 no han llegado, y si lo han hecho, han venido con cuentagotas. La falta de voluntad política, unas veces, el rechazo de los afectados y la paralización de las obras en los tribunales, otras, ambos factores unidos, la mayoría de los casos; lo cierto es que los aragoneses siguen esperando.
Ante este panorama ciertamente desolador, la intención del consejero de Medio Ambiente de la DGA, Alfredo Boné, de revisar el pacto marca un punto de inflexión imprescindible. Durante los últimos años, las posiciones maximalistas entre aquellas opciones políticas y sociales que abogaban por una regulación total (fundamentalmente, el Partido Popular y los regantes) y las que rechazaban inundaciones importantes en la montaña (básicamente CHA y las asociaciones de ecologistas y de afectados) ponían de relieve la fragilidad del Pacto del Agua y marcaban la necesidad de intervenir.
La paralización judicial de algunas presas emblemáticas y el temor de los funcionarios a firmar cualquier resolución comprometida no eran más que la punta del iceberg de un problema más global, cuya gravedad se acentuó durante los últimos años con la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional que a punto ha estado de mermar los caudales del Ebro con destino a las deficitarias cuencas mediterráneas. Mientras los ministros Jaume Matas, primero, y Elvira Rodríguez, después, personajes de infausto recuerdo para los aragoneses, aceleraban cualquier trámite que tuviera que ver con el trasvase, en Aragón se libraba una batalla entre detractores y defensores de la política de nuevos embalses recogida en el Pacto del Agua de Aragón que lastraba cualquier iniciativa. Una pelea soterrada por la causa común que suponía hacer frente a la transferencia hidráulica pero que no por menos evidente dejaba de existir e incluso de engordarse. Más al contrario, durante los últimos años se han acentuado las diferencias entre las dos formas antagónicas de entender el uso del agua en la región. Sirva como ejemplo la manifestación contra el trasvase del Ebro celebrada en septiembre del 2001 en Bruselas, cuando la delegación aragonesa fue incapaz de reunirse bajo una pancarta unitaria y desfiló por separado por las calles de la capital belga, dejando claro que el trasvase unía a una mayoría social sin que por ello existiera consenso en la forma de abordar las necesidades hidráulicas de Aragon.
En este contexto tan español (todos juntos pero no revueltos), y una vez encerrado en el armario de los pésimos recuerdos el fantasma del trasvase, ahora sólo cabe la opción que busca la DGA: reeditar un acuerdo hidráulico de mínimos suscrito por una mayoría social y política de la región. Un nuevo esfuerzo para plantear a la flamante responsable ministerial del agua, Cristina Narbona, cuáles son las prioridades para Aragón. Y del grado de consenso con el que nazca este acuerdo, no cabe duda, dependerá en buena medida que Aragón pueda aprovechar más y mejor los miles de hectómetros cúbicos que "se generan" en nuestro territorio.
Una vez aclarado el papel de elemento central y conciliador que quieren jugar los partidos en el Gobierno autonómico, PSOE y PAR, hoy es básico saber hasta dónde está dispuesta a ceder Chunta Aragonesista en sus postulados hidráulicos. Se ha estigmatizado muchas veces con excesiva dureza a la formación que preside Bizén Fuster de no querer ningún embalse para Aragón, cuando eso no es cierto, y ahí está el apoyo que presta, no sin dificultad, a las presas de la margen derecha del Ebro. Pero es cierto que las tres piezas de regulación de mayor impacto de las recogidas en el Pacto del Agua, primero, en el Plan Hidrológico del Ebro, después, y en el Plan Hidrológico Nacional, más tarde, son rechazadas de plan por CHA.
Y hay una pregunta que la mayoría de agentes que intervienen en el debate hidráulico se está formulando en estos momentos. Una cuestión que merece rápida respuesta porque después de doce años perdidos, ha llegado el momento de jugar las cartas con inteligencia pero sobre todo con pragmatismo. ¿A pesar de que sus militantes en las zonas de Yesa, Santaliestra o Biscarrués renieguen de estos proyectos y planteen otras alternativas, será capaz Chunta de embridar a sus bases más renuentes y aceptar, por ejemplo, un recrecimiento menor de Yesa?
Si los partidos mayoritarios y los dos colectivos antagonistas que siempre aparecen en las grandes obras --beneficiarios y perjudicados por las obras-- logran una base mínima de acuerdo, viviremos un momento histórico. El Pacto del Agua, documento que actuaba fundamentalmente sobre la oferta y no sobre la demanda (hacer grandes pantanos y no buscar otras fórmulas de control o de regulación), necesita un cambio que vaya más allá del maquillaje. Una modificación auténtica en la forma, pero más importante en el fondo, que es donde ha residido el problema durante más de una década. Mucho tiempo perdido para una tierra que sin un cambio en el asunto del agua seguirá teniendo discursos políticos alicortos y una dosis elevada de lo que bien podríamos llamar "esquizofrenia hidráulica".
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