Establecer responsabilidades

El informe de Médicos Sin Fronteras relativo a lo que ha pasado en las residencias es demoledor. La investigación del periodista Manuel Rico establece «la muerte de 9.470 mayores en los geriátricos de Madrid en los meses de marzo y abril, la inmensa mayoría sin recibir atención hospitalaria previa y al menos 5.795 de ellos con coronavirus o síntomas compatibles». ¿Quién ha dicho que una persona ingresada en una residencia pierda sus derechos y en concreto, su derecho a la asistencia sanitaria en el sistema público? ¿Quién ha dado por escrito esa orden de no mandar ambulancias para recoger al anciano si la llamada procedía de una residencia? ¿Quién asumió la responsabilidad de enviar al paciente de vuelta a la residencia sin ni siquiera bajarle de la ambulancia? ¿Quién decidió que a algunos ancianos había que dejarlos simplemente fallecer en su habitación sin asistencia especializada? ¿Dónde, cuándo y por qué se produjeron esos hechos? ¿En cuántos casos? ¿Dónde está escrito que por ser ingresado en un Centro psiquiátrico un ciudadano pierda su derecho a beneficiarse de la asistencia sanitaria pública, de ser atendido por especialistas, de ser intervenido quirúrgicamente si es preciso, de recibir medicación en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos? Son enfermos crónicos. Bueno, ¿y qué? Como la pandemia sigue y no sabemos hasta cuando hay que dejar las cosas claras y haría bien el sistema judicial en establecer responsabilidades pero en un plazo razonable. No puede ser que pasenaños para que luego nos digan que los hechos están prescritos. Hay responsabilidades políticas y penales. Queremos saber y cuanto antes. Y que los que tienen que tomar este tipo de decisiones sepan que llegado el caso, no quedarán impunes. Lo de Madrid es de escándalo. H