El estado de alarma anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , constituye una herramienta necesaria y adecuada para hacer frente a la segunda ola de la pandemia en España. Lo es por su extensión, seis meses, que se corresponde con la gravedad de este segundo envite; por su impacto, al ir acompañado de un toque de queda nocturno para todo el territorio -con la excepción de Canarias-, y por su ejecución, que descansa principalmente en las comunidades. De estas características, la más novedosa es la que deja la implementación del estado de alarma en manos de los presidentes autonómicos como autoridades delegadas. Con este planteamiento de rasgos federales, Sánchez asume el principio según el cual la respuesta al virus, asentada en alertas epidemiológicas comunes, será más eficaz si es gestionada por las administraciones cercanas a los ciudadanos. La posibilidad de modular los horarios del toque de queda en cada comunidad y, sobre todo, la autorización para adoptar cierres perimetrales (como los que ya se están aplicando en Aragón) que pueden alcanzar el conjunto de su territorio constituyen los rasgos más sobresalientes de una propuesta bien acogida por la mayoría de las autonomías.

Otra novedad positiva, que marca la diferencia con la actitud que prevaleció durante la primera ola de la pandemia, es la voluntad expresada por el presidente del Gobierno de compartir la respuesta con los líderes de los principales partidos antes de su anuncio. Aunque Sánchez disponga de mayoría en el Congreso para aprobar la propuesta, una medida de este calado debía ser conocida previamente por el líder de la oposición, Pablo Casado , que hoy fijará su posición. Hasta ahora se ha mostrado renuente a los estados de alarma, pero tiene la oportunidad de actuar considerando la pandemia como una cuestión de Estado que reclama unidad. Con objeciones, por supuesto, si las considera necesarias, pero sin oposición frontal.

Las medidas anunciadas por Sánchez persiguen atajar la pandemia sin recurrir a un nuevo confinamiento total cuyos costes económicos serían muy difíciles de asumir. Son medidas drásticas, que siguen castigando a algunos sectores y que suponen restricciones a la libertad de movimiento, pero también son necesarias, similares a las adoptadas por la mayoría de los países europeos. Sin embargo, su éxito no está asegurado. Detener el virus solo será posible si los ciudadanos asumen que estamos ante un desafío histórico que reclama una respuesta colectiva, decidida y solidaria.