La financiación autonómica ha provocado una primera discrepancia entre el Gobierno central y algunos gobiernos autonómicos. Una diferencia, al menos, de calendario. Según el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en los próximos cuatro años debe culminarse la reforma de los estatutos de autonomía y discutir los criterios del reparto de recursos entre las comunidades. El proceso debe empezar ya, pero, en su opinión, concretar y aplicar el nuevo sistema financiero es materia de la próxima legislatura. Es razonable plantear que no se puede cerrar el nuevo modelo si no se ha rematado la reforma de los estatutos, de la que puede salir una redistribución de competencias y de responsabilidades de gasto y recaudación. Pero tampoco es posible modificar el marco institucional de las comunidades, Aragón entre ellas, ignorando de qué recursos pueden disponer. Ambos procesos deben ser paralelos. Y si además se está de acuerdo en que la actual fórmula para calcular el reparto territorial de los fondos públicos es inadecuada, no hay razón para renunciar de entrada a modificarla en los próximos cuatro años. Andalucía ya puede avanzar en su desarrollo, después de que Rodríguez Zapatero anunciara ayer que en breve se liquidará la deuda histórica con esta comunidad.
