Zaragoza está en ebullición. La candidatura de la Expo, la necesidad de redondear la operación de la llegada del AVE a la ciudad, la creación de nuevos barrios entre el tramo sur del tercer y el cuarto cinturón, la decisión de lanzar un plan de transportes urbano y metropolitano a la altura de la quinta ciudad de España, la construcción de un nuevo coliseo futbolístico, la inminente llegada del agua del Pirineo, los planes comerciales con grandes firmas interesadas en instalarse aquí.
Asuntos, todos ellos, de gran transcendencia y de horizonte inmediato que, de concretarse correctamente, abren puertas de esperanza y de desarrollo para la capital de Aragón. Con toda esta panoplia de asuntos que pueden transformar la ciudad, asistimos a una etapa fundamental para Zaragoza. Esta no es la legislatura de los tránsfugas y las depuradoras, ni la de los maceteros, ni la de las prisas por las inauguraciones preelectorales para enjugar el efecto electoral del trasvase. Si no se tuerce, afrontamos un camino bien distinto.
De repente, a los zaragozanos se nos presenta un panorama trufado de oportunidades y descubrimos que tanto los políticos como la sociedad civil deben hacer frente a retos de gran interés común. Retos muy dispares que pero que presentan un denominador común: la necesidad de contar con grados de consenso mínimos y con la financiación adecuada, fruto de la cooperación entre dos o más administraciones y, en algunos casos, de la iniciativa privada. En cualquier etapa floreciente de las ciudades más influyentes del mundo se han puesto sobre la mesa tres virtudes: organización, impulso emprendedor y cohesión social. ¿Seremos capaces de reunir estos factores y de conseguir los objetivos marcados? Sinceramente, sí, pero poniendo las cartas boca arriba y dándonos cuenta de que en algunos casos no vamos por el camino adecuado.
Cualquiera de los temas mencionados, auténticos paradigmas de esa obligada colaboración instituciones, sean públicas o privadas, sólo será posible si todos los agentes implicados en su diseño y desarrollo se ponen de acuerdo. Y por lo que se ve, mal endémico de Aragón y de su capital, no somos capaces de hacerlo. Sólo en situaciones excepcionales, como la de la candidatura a la Expo, en las que salirse de la foto es, además de políticamente incorrecto, negativo para los intereses particulares de quien tomara esa decisión, aparecen los consensos reales.
Un ejemplo paradigmático. Usted, lector de este diario, se habrá enterado en estas mismas páginas de que la economía municipal está fatal, que se ha tenido que acometer un plan de regularización de pagos porque seguían apareciendo facturas atrasadas y que Zaragoza gasta más de lo que es capaz de ingresar. Un informe realizado por la empresa Price Waterhouse por indicación del economista municipal, Alberto Lafuente, comprueba que efectivamente las economías están como están y señala que hace falta aplicar un plan de choque para cuadrar las cuentas. Un ramillete de soluciones entre las que se incluyen una subida del IBI de hasta el 43%, el aumento progresivo del recibo de agua y basura hasta equiparar la factura con el coste real del servicio y la congelación --que no disminución-- del gasto corriente: personal, servicios propios, etc...
Al alcalde Belloch el plan no le gusta demasiado --lo ha calificado de propuesta de tecnócratas--, y ha anunciado subidas de impuestos más moderadas, de entorno al 12-15% en el recibo de la contribución, por ejemplo. Pero los zaragozanos ya sabemos que se nos va a incrementar notablemente la presión fiscal, y no para poder acometer los nuevos proyectos, sino simplemente para ingresar al menos lo mismo que se gasta. ¿Por qué no se ha informado a los ciudadanos con absoluta transparencia de este plan y se han tenido que enterar por la prensa, cuando lo que hace falta es un debate ciudadano amplio y rico en matices para buscar una salida? Si, como reza la última campaña institucional del ayuntamiento, lo más importante de Zaragoza son los zaragozanos, bueno sería que se evacuaran consultas con la ciudadanía cuando de rascarse el bolsillo se trata.
Y sería mucho más comprensible elevar la recaudación por impuestos si el ayuntamiento se apretara más el cinturón, puesto que el gasto de personal y servicios es en Zaragoza mucho más elevado que en otras grandes ciudades españolas sin que se aprecien prestaciones mucho mejores. Sinceramente, en un momento que requiere de grandes consensos, la subida de impuestos y el saneamiento de las arcas municipales no son asuntos menores.
A Zaragoza le ha llegado la hora, y para eso necesita coaliciones fuertes en las administraciones y sobre todo debates en profundidad sobre la ciudad que queremos. Sin olvidar el quid de la cuestión: ¿a qué precio la queremos? No puede ser que tengamos un ayuntamiento que no llega a fin de mes, que arrastra una deuda por encima del límite permitido y que, sin embargo, ha de participar forzosamente en proyectos decisivos para que la ciudad dé el salto de calidad que necesita.
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