Si, como dice el canto de la Ronda de Boltaña, nuestra «pequeña nación» tiene nombre de río y San Jorge es el héroe protagonista del «mito del eterno retorno» (cada año la primavera, la vida, vence a la muerte), no es de extrañar que el debate sobre el agua y los trasvases formen parte esencial del panorama político aragonés.

A veces, fluye sobre la superficie y otras se esconde, como el Aguasvivas, ya que hablamos de ríos, pero siempre, inevitable y permanentemente, está ahí.

En esta ocasión vuelve al «primer plano de la agenda mediática» porque hemos conocido recientemente sendas propuestas, en materia de planificación hidrológica, que resultan perjudiciales para los intereses de Aragón.

Por un lado, el pleno del denominado «Consejo Nacional del Agua» aprobó, el pasado 16 de marzo de 2017, con el voto en contra del representante del Gobierno de Aragón, el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, para el periodo 2016-2021. Dicho documento contempla un déficit estructural en cuanto al uso del agua en la zona y, por tanto, se abre la posibilidad a cubrir esas carencias con recursos de la cuenca del Ebro mediante trasvases, como solución permanente al problema.

Por otra parte, también se ha hecho público, concretamente lo denunció aquí Chunta Aragonesista el pasado 12 de marzo de este año, otro acuerdo político, firmado este mismo mes, entre el Gobierno de Cataluña y diversas alcaldías de hasta cuatro comarcas catalanas (con la colaboración de las Diputaciones Provinciales de Lleida, Barcelona y Tarragona), para construir toda una serie de infraestructuras que permitirán derivar aguas a una serie de municipios catalanes, algunos de los cuales se encuentran ubicados fuera de la Cuenca del Ebro, captando agua del río Segre, afluente del Ebro. Un proyecto que, según indicaron recientemente científicos expertos, está sobredimensionado, a su juicio, para los objetivos propuestos y cuya última finalidad sería contribuir a la creación de toda una red interconectada de recursos hídricos con el abastecimiento al «área metropolitana de Barcelona al fondo» como ese «oscuro y final objeto de deseo».

Dado que el Estatuto de Autonomía de Aragón impone a los poderes públicos aragoneses la obligación de velar especialmente para evitar transferencias de aguas que afecten a intereses de sostenibilidad, y dispone que la Comunidad Autónoma deberá emitir un informe preceptivo no sólo para cualquier transferencia de aguas, sino, además, «para cualquier propuesta de obra hidráulica» que afecte a su territorio, según se especifica en los artículos 19.3 y 72.3 del Estatuto de Autonomía, se hace necesario buscar, más pronto que tarde, el consenso político en Aragón y la coherencia imprescindible, especialmente de aquellos partidos que tienen «su corazón y cabeza fuera de Aragón», ora en Madrid ora en Barcelona.

¿O es que acaso vamos a ser usados como mera «moneda de cambio», si no lo estamos siendo ya, en las conversaciones secretas (o no tanto) mantenidas entre los Presidentes del Gobierno de España y de Cataluña, entre Rajoy y Puigdemont? ¿Hablan y acuerdan ya sobre la futura financiación y el reparto del agua que no sepamos?

El Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Ebro, tienen en su mano paralizar estos nuevos planes, estos nuevos intentos de trasvase, dado que la decisión de aprobarlos finalmente es suya. Desde Aragón seguro que vamos a hacer todos todo lo posible, Gobierno y oposición, recogiendo la petición que sin duda nos harán llegar los aragoneses y aragonesas, para activar los mecanismos de defensa que nos permite el Estatuto. Más que nunca será necesaria la coherencia y la capacidad de mantenerla aquí y en cuantos lugares donde se decida sobre esta cuestión. Estamos obligados a preservar este recurso en Aragón o se iniciará «un camino sin retorno» que marcará, además, la guía para reactivar otras demandas latentes sobre el agua del Ebro en el Levante… H<b>* S</b>ecretaria General de Chunta Aragonesista