La euroorden, la norma comunitaria que permite el arresto y entrega inmediata de un presunto delincuente de un país a otro de la UE, ha sido desde el 2005 un gran avance en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo --España estuvo entre los impulsores--, al establecer un espacio policial y judicial común. Sin embargo, el automatismo del procedimiento se ha traducido en la comisión de numerosos errores judiciales.
Estos casos han llevado al Parlamento europeo a aprobar un informe que recomienda reformar la euroorden para hacerla más garantista y más justa. Las modificaciones que se proponen son muy razonables: mejor presentación de los cargos, para evitar que pueda entregarse a alguien solo con su nombre, sin fotos ni huellas dactilares, como ocurría ahora; y respeto a los derechos humanos, para que un país no pueda someter a un detenido a tratos degradantes o se salte las garantías procesales. De hecho, en España, desde el caso Óscar, ya no se entrega a nadie sin una investigación de identidad. Se trata, pues, de convertir en oficiales unas prácticas que nunca debieron obviarse.
