El presidente de Cataluña, Pasqual Maragall, ha convocado formalmente a los políticos que gobiernan los territorios fronterizos del sur de Francia y a las comunidades de Aragón, Baleares y Valencia --además de Andorra, que no pertenece a la UE-- para constituir una eurorregión. El término de eurorregión es asequible, porque alude a la cooperación entre gobiernos locales y regionales, a los que se debe sumar, tal como se sugirió en la reunión preparatoria de Sitges del mes pasado, la sociedad civil que representan patronales, sindicatos y universidad.
Se quiere institucionalizar la cooperación interna en una zona dinámica de 15 millones de habitantes que enlaza el Mediterráneo y los Pirineos. A ello se niega sólo el gobierno de la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, aunque sus correligionarios de Baleares no les han seguido. Impulsar una eurorregión que aspira a la modernización, la eficacia en los servicios y la solidaridad entre comunidades de distintos países y gobiernos exige también prudencia. La nueva eurorregión habrá de construirse desde la igualdad y el equilibrio entre sus miembros y desde el obvio respeto a las estructuras actuales de los estados. Estamos ante un gran desafío.
