El modelo de negociación Redondo/Sánchez consiste en exigirle a la oposición que sea responsable, ya que el Gobierno no tiene la obligación de serlo y sus socios de preferencia no lo son por definición. La alternativa es el desastre: las autonomías se iban a quedar sin dinero, sería imposible hacer los ERTE. Una vez que acaba la negociación, vemos que había otras maneras de evitarlo.

Los expertos debaten sobre la necesidad de mantener el estado de alarma. Algunos lo defienden; otros discuten su eficacia e idoneidad. El mando único no ha evitado un importante descontrol en la compra de material sanitario. Ha habido decisiones extrañas y arbitrarias. Pero aunque uno considere necesaria su prolongación por razones de salud, se trata de una medida excepcional que debe estar justificada y no es deseable.

La objeción principal tiene que ver con la calidad democrática. Como ha señalado el profesor Gabriel Domènech, estas medidas han propiciado una lamentable ausencia de transparencia: por ejemplo, sobre a quién se hacen las compras o cómo se toman muchas decisiones. Se ha anulado el portal de transparencia. El estado de alarma ha facilitado violaciones de derechos fundamentales y abusos policiales. Y la actitud del ministro del Interior no resulta tranquilizadora. La chapuza como modo por defecto ha generado inseguridad jurídica, con continuos desmentidos, matices, vaguedades: las normas cambiaban pero se mantenía el autoritarismo, un poco a la manera de Miss Pross, el personaje de Dickens que «cada vez que su proposición original era cuestionada, la exageraba».

En la desescalada por fases se habla de motivos de salud y lo que diga la ciencia, pero el contenido de la ciencia incluye lo que le venga mejor al PNV. El ministro de Sanidad ha dicho que se harán públicos los informes sobre el cambio de fase cuando todos los territorios estén en la misma fase: alguno podría pensar que se trata de buscar una justificación a posteriori que se pueda disfrazar de criterio.

Ahora, cuando la situación sanitaria es menos grave y cuando, como ha escrito José Antonio Zarzalejos, tendría sentido que el estado de alarma fuera más breve y condicionado, el Gobierno pretende prolongar su duración: si hasta ahora se aprobaba cada 15 días, ahora se prolongaría «alrededor de un mes», «hasta julio». El motivo principal es que le va mejor a Sánchez, que tuvo difícil conseguir los apoyos para la prórroga anterior. El Gobierno presenta como interés general lo que es solo su propia conveniencia, y pretende alargar un periodo de excepcionalidad que aumenta sus poderes, debilita el control parlamentario y restringe los derechos de los ciudadanos.

@gascondaniel