Pocas veces como el lunes en Bilbao le colocan a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, una alfombra roja para que le diga a un país en su propia casa los sacrificios a los que se debe enfrentar para cumplir con sus prestamistas. Acompañada de otros miembros de la Troika que gobierna de facto en el Viejo Continente desde el crack financiero del 2008, la primera dama de la economía mundial fue muy clara al solicitar más flexibilidad en el mercado laboral, con rebajas fiscales para potenciar la contratación y eliminación de burocracia para la creación de empresas. Por si no había quedado claro cuando hace unos meses pidió una reducción de sueldos del 10% para los españoles, Lagarde incidió en la idea que hacen falta más y más sacrificios entre los trabajadores.

Y no fue solo la gerente del FMI. También otros invitados al miniDavos del Guggenheim, entre ellos el presidente del Eurogrupo, el ministro holandés Jeroen Dijsselbloem, pidió a su homólogo español Luis de Guindos que tuviera la "valentía política para convencer a los electores de que de son necesarios más ajustes". Como se ha venido demostrando desde 2010, cualquier sugerencia de la Troika es fielmente trasladada a los hechos por los gobiernos de Rodríguez Zapatero, primero, y de Mariano Rajoy en la actualidad, así que desde el lunes ya sabemos a lo que nos enfrentamos: otra vuelta de rosca en el débil vástago de los de siempre. Para echarse a temblar. Después de las nuevas consignas escuchadas en Bilbao, las recientes medidas adoptadas por Moncloa ya parecen superadas cuando apenas sabemos nada de sus resultados, salvo que son insuficientes para Bruselas y para Washington.

¿Qué mayor estímulo se precisa para incorporar plantilla a las empresas que la propuesta de tarifa plana de 100 euros de cotización para contrataciones indefinidas comprometida por el presidente en el Debate del Estado de la Nación? Una fórmula que esconde un relevo barato de trabajadores veteranos por nuevos en la que el finiquito de los primeros recaerá en la ausencia de cotización de los segundos. Y es que lo más triste de lo que viene ocurriendo con el desempleo no son las consignas de quienes tutelan las finanzas mundiales, sino la impotencia de los gobiernos para abordar el drama del desempleo de otro modo. España rozó el pleno empleo con unas leyes hoy olvidadas que daban mayor y mejor cobertura a los trabajadores, y desde hace cinco años deambula en una fiebre reglamentarista sin resultados. Quien tiene que contratar lo hará si hay mercado para sus productos, y no solo si el marco legal es más o menos favorable.

Por descender de lo general a lo concreto, circula estos días por la red un vídeo con una intervención del diputado aragonés del PP Jorge Garasa a propósito de la situación laboral en Aragón que provoca hilaridad, además de ser sintomática de la incapacidad política para solucionar el drama del desempleo. Aseguró el miembro del PP en la comisión parlamentaria de Economía que aunque a él no le guste, los países occidentales con menos paro son los que han sistematizado la temporalidad y la precariedad laboral. Y puso como ejemplo a seguir los minijobs con salarios máximos de 450 euros en Alemania o el pujante sector hostelero a tres dólares la hora en los Estados Unidos. Pero hay más, el ínclito parlamentario añadió que "el empleo ya no está en Aragón, ni en sus provincias, sino en Europa por no ir más lejos. Y claro está, si se tienen ganas de trabajar...".

Si realmente esto es todo lo que puede aportar el grupo parlamentario dominante en las Cortes en un debate sobre el paro es para echarse a temblar. De la DGA y del PP regional se espera en materia de empleo algo más que un diagnóstico extemporáneo de la situación laboral en el mundo. Acaso, un mínimo gesto de capacidad de abordar una actuación decidida en la medida de sus posibilidades. De lo contrario, ¿para qué mantener una consejería de Economía y Empleo, o para qué diseñar un Plan Impulso con el objetivo de reducir la sangría del paro? Los más de 100.000 desempleados aragoneses, o los también miles de seiscientoseuristas que hayan tenido la suerte de acceder a un puesto de trabajo merecen más interés de sus representantes.

Plantear que el futuro laboral del país pase porque de vez en cuando la Troika pida más ajuste y porque los diputados rasos del partido en el gobierno asuman en público que no hay margen de actuación es de una indolencia demoledora. Los partidos dominantes y quienes copan la responsabilidad pública seguirán preguntándose por qué crecen la desafección social y el descrédito hacia la política. Como si no supieran, o pudieran saber, los ciudadanos que quienes plantean recetas mágicas para salir de la crisis o quienes por el contrario no tienen nada que decir por incapacidad o incompetencia siguen sentados en sus poltronas. Lagarde cobró el año pasado más que el anterior, unos 350.000 euros, mientras el salario de un diputado regional como Garasa roza los 50.000.