El nivel global de recaudación por impuestos en España en proporción a la riqueza creada (PIB) está más de siete puntos por debajo de la media de la zona euro. No se trata de aumentarlo para tener menor carga fiscal, ni de corregirlo hasta equilibrarlo con la media de los países que comparten la moneda europea, lo que supondría elevar los ingresos del Estado, sino de considerarlo una horquilla capaz de alimentar la prestación de los servicios públicos necesarios.

Con esta proporción conocemos lo que da de sí la caja para financiarlos. Modificarla supone una apuesta en un sentido u otro. La campaña electoral ya va destilando por dónde tiran cada uno de los logotipos rojo, morado, azul, naranja y verde. Cuanto más a la derecha, más se reducen las intenciones impositivas. La izquierda carga sobre las grandes empresas, rentas altas y patrimonios millonarios. Pero el grueso de la recaudación en cualquier circunstancia lo aportan las clases medias.

La propuesta de revolución fiscal del Partido Popular proyecta una rebaja fiscal de 12.000 millones con la convicción de estimular la economía y la recaudación. Al Gobierno de Aznar le salió bien, pero la economía entonces estaba que se salía (también Zapatero los bajó en su primera etapa) y los salarios iban viento en popa. Ahora no es el caso, con tasas de paro todavía altas y una precariedad que no se resuelve. Y con el FMI alertando del freno del crecimiento, aunque se ponga la venda antes de la herida para que no le echen en cara su despiste ante lo que trajo el 2008. Pero, por si acaso, los experimentos, con gaseosa. H *Periodista