La inexplicable subida del precio del kilovatio por hora en el mercado mayorista ha tenido un efecto positivo y es que ha puesto en primera línea informativa el desastroso modelo energético español.

Venimos denunciando desde hace décadas un conjunto de fracasos de este mercado que vienen de muy lejos y que se agravaron en los años del aznarismo.

Fracaso en la liberalización del sector: La desregulación y la liberalización del mercado eléctrico ha fracasado a la hora de conseguir abaratar los precios. Las razones son varias, pero la principal es que no ha sido posible acabar con el oligopolio de las grandes compañías.

Fracaso en el abaratamiento: La existencia de dos modelos de mercado, el regulado o de PVPC y el libre, se ha traducido en toda una serie de prácticas fraudulentas que al final han conseguido que el mercado libre sea mayoritario, pero paradójicamente más caro que el PVPC.

Fracaso en la competencia. Los precios horarios en el mercado mayorista se fijan a través de una subasta cuyas características técnicas garantizan siempre el precio más alto de los ofertados. Esto unido a la escasa diferenciación entre las empresas que venden y las que compran, que forman en muchos casos parte de los mismos grupos empresariales, hace que el proceso sea siempre perjudicial para los consumidores.

Fracaso en proteger a los vulnerables. Las medidas de protección para los consumidores vulnerables se han dejado en manos de las propias empresas, que como es lógico no están interesadas en que estas medidas lleguen a todos los beneficiarios.

Fracaso en la asignación de costes: El recibo de la luz es un magnífico instrumento de recaudación para las arcas públicas. El 60% de media en los recibos se deben a la parte fija o peajes que en gran medida financian políticas estatales, algunas relacionadas con la energía, pero otras no. Se llega al absurdo de que el Estado nos cobra el IVA sobre un impuesto eléctrico que cobra el mismo Estado.

Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Es un periodo febril de una infección que lastra las economías de las familias y de las empresas. Esa infección se llama mercado.

Hay soluciones a corto plazo para bajar la fiebre. Portugal ha anunciado una bonificación del 10% a todos los hogares en el próximo recibo. A medio plazo para contener grandes males. Bajar el IVA, garantizar las medidas de protección para consumidores vulnerables. Impedir la interrupción del servicio por impago. Pero lo que de verdad necesita el sistema energético español es erradicar la enfermedad. Curarse de ese mal que es la ley del Mercado.

Hay quien propone recuperar (expropiar a justiprecio) la empresa pública española que el aznarismo vendió y que actualmente está en manos de una empresa pública italiana. No es sino otro antitérmico. Si el Estado recupera esta empresa, será una empresa mas a competir con otras y con dos alternativas, o perder dinero o hacer lo mismo que hace ahora. Por lo tanto, es una solución fácil de enunciar, pero que no soluciona nada.

Por el contrario, hay que asumir el problema en su totalidad. No es posible que el suministro de energía a las empresas y a las familias españolas esté sujeto a las leyes del mercado. De igual manera que la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales, la movilidad, el ciclo del agua, etc. el suministro de energía debe ser considerado como un derecho de las personas y por lo tanto sujeto a la responsabilidad de las administraciones del Estado. No puede ser que la decisión de si un hogar tiene energía o no esté en manos de una empresa. Otra cosa es cómo se gestiona ese derecho y ahí hay espacio para el sector privado.

Nos dicen que Europa no lo permitiría, pero la pandemia nos ha enseñado que Europa puede cambiar de opinión.

El acceso a la energía es ya vital en las sociedades modernas. No podemos avanzar en nuevos modelos energéticos si no partimos de un principio central. Tener energía en tu casa es un derecho. Y el Estado debe garantizarlo. H