El Gobierno quiere cambiar el Código Civil para que la tramitación del divorcio de parejas que lo acuerdan libremente sea más rápido, y a la larga más barato. Se trata de acabar con una figura intermedia, la separación temporal, que tuvo que introducirse en la ley de 1981 por razones más ideológicas que de protección efectiva de las personas. Hoy los jueces sólo deben vigilar que si hay hijos, sobre todo si son menores de edad, cuenten con la debida protección.
Quienes deciden acabar una relación, cuando acuden a los tribunales para hacerla efectiva lo hacen porque ya la ven irreversible. Pero si no es así es porque la ley vigente dispone que haya un período de prueba para que la pareja pueda desdecirse y reanude la relación. En la práctica eso supone un atasco de expedientes en los juzgados de familia y civiles, un negocio para letrados poco escrupulosos y un sufrimiento innecesario para quienes han decidido libremente acabar su relación. La experiencia que han generado 23 años de la ley avala la necesidad de eliminar trámites innecesarios. Así los jueces y fiscales tendrán más tiempo para lo que realmente deben vigilar: que en la disolución de una pareja haya el menor perjuicio posible.
