Acostumbro a leer nuestra Carta Magna, a la que recurren algunos políticos alardeando «somos los partidos constitucionalistas», que al monopolizar el sentimiento o la identidad constitucional, se creen tener el derecho de expedir carnets de «constitucionalistas». A estos políticos les recomiendo que además del artículo 2 de nuestra Constitución (de la indisoluble unidad de la Nación española), tengan en cuenta otros referentes a los derechos sociales y económicos, cuyo cumplimiento repercute en el bienestar de sus conciudadanos, del que como buenos patriotas están muy preocupados. Pero hoy quiero referirme a un derecho político, al de la «participación política» (PP), que aparece en algunos artículos de la Constitución.
En el Título I. De los derechos y deberes fundamentales, el artículo 23.1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Hay también dos artículos del Título Preliminar, donde se formulan los principios básicos de cómo debe ser el Estado.
El artículo 6: Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
El artículo 9. 2.: Corresponde a los poderes públicos… remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Los partidos políticos son un instrumento fundamental para la democracia, o, lo que es lo mismo, la facilitarán. Y sin embargo no solo no la facilitan, es que la obstaculizan. Si se repiten las elecciones, obviamente por la incapacidad o ineptitud de los dirigentes de los partidos políticos a la hora de formar un gobierno, se producirá por el hartazgo lógico de la ciudadanía un descenso claro de la participación electoral. Ya tenemos experiencia.
En las generales del 2015 la participación fue de 25.349.824 de personas, un 73,2%. El 26-J del 2016, fue 24.161.083, un 69,84%. Es decir, 1.188.741 españoles renunciaron al voto, un 3,36% menos. ¿Este dato tan dañino en una democracia lo tendrán en cuenta nuestros líderes políticos? Mas, si algo caracteriza a nuestra clase política es la carencia de autocrítica. Podemos observarla en la dispares valoraciones de las cúpulas de PSOE y Unidas Podemos, asumidas mayoritariamente por las respectivas militancias, siguiendo las directrices de los respectivos gurús jefes de gabinete Iván Redondo, de Sánchez, y Pablo Gentili, de Iglesias, del fracaso de la investidura a la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, tienen algo en común: la culpabilidad es exclusivamente del otro. Por lo menos ya coinciden en algo, por ello se podría aprovechar este acuerdo como punto de partida para el reinicio de las negociaciones entre PSOE y UP. Vano intento. Seguirán inmutables sus valoraciones. Por ello, parece oportuno en estos momentos el texto de un dibujo del gran Forges del 2016, tristemente desaparecido. Están sentados encima de una roca dos caballeros. El primero le dice: «Si ahora resulta que ninguna de las formaciones políticas implicadas son culpables de que vayan a repetirse las elecciones…». El segundo contesta: «Queda claro que la culpa es nuestra por haberles votado». Contesta el primero: «Me lo has quitado de la boca». El segundo: «La boca, no de la de la bilis». En la parte inferior del dibujo caminan dos animales, parecen perros, cada con una pancarta. Una con ¡Ya está bien!; la otra ¡Cogne¡ También parecen no menos oportunas las palabras de Bertolt Brecht de un conocido poema que escribió a raíz de la revuelta popular que tuvo lugar en Alemania oriental en junio de 1953: «¿No sería más fácil disolver al pueblo y elegir otro?»
De acuerdo con el artículo 9.2 ya citado: Corresponde a los poderes públicos… facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política... Los poderes públicos son el ejecutivo, legislativo y judicial. Solo el 6,1% de los españoles en el exterior pudieron sortear todas las trabas y ejercer su derecho a voto en las generales del 28 de abril. De los 2.099.336 españoles registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) fueron aprobadas un total de 182.545 solicitudes de voto rogado y pudieron votar 129.271 personas, es decir, consiguió votar el 70,8% de los electores cuyas solicitudes fueron admitidas. Por su parte, y de nuevo según las cifras provisionales y poco confiables que dan las instituciones, tan solo 18.124 de los residentes temporales (votantes ERTA) lograron rogar su voto. Estos datos de participación en el exterior son similares a los de las generales de junio del 2016, que fue del 6,2% y, en todo caso, muy alejados de los datos anteriores a la implantación del voto rogado en el 2011, cuando la participación del exterior se situaba en el 35%. Esto es incomprensible en un Estado como España, que está entre los más avanzados del mundo. Que no se argumente que la solución técnicamente es muy compleja. Si no se hace es porque hay razones inconfesables. H *Profesor de instituto
