La muerte de un repartidor de Glovo ha puesto en el punto de mira un sector aupado en la precariedad de sus trabajadores. Forzados por unas condiciones extremas de productividad, con jornadas extenuantes, las condiciones laborales de estos riders poco tienen que ver con la economía colaborativa. Glovo es una start-up española fundada en el 2015. Su modelo de negocio consiste en conectar a clientes que hacen un pedido y repartidores que compran lo solicitado y lo entregan a domicilio. Para eso usan su propio móvil y bicicleta. No están en nómina, no les protege una relación contractual más allá de un seguro privado que cubre la actividad del repartidor. Sobre ello, los sindicatos son concluyentes. Se trata de una relación de explotación que agota al trabajador y pone en riesgo su seguridad. Son demasiados los accidentes graves que ni siquiera son considerados como tales, sino como enfermedad común. La mayoría de los trabajadores son falsos autónomos pero aún hay algunos más desprotegidos. Los inmigrantes ilegales, al carecer de papeles, utilizan la aplicación de otros. Este sería el caso del joven de 22 años mortalmente atropellado el pasado fin de semana en Barcelona. No se trata de demonizar los nuevos modelos de negocio, pero sí de renovar el marco normativo para evitar rendijas jurídicas que, en pleno siglo XXI, permiten situaciones de explotación laboral.
