La ley de asilo y refugio, vigente desde el 2009, está pensada para ofrecer amparo a las víctimas de guerras, persecuciones políticas y desastres naturales. Es generosa, pero su aplicación deja mucho que desear en bastantes casos, sobre todo los que pasan por las plazas de Ceuta y Melilla. La odisea que ha vivido la ciudadana siria Manar Almustafa y su familia tras su llegada a territorio español pone en evidencia eso tan nuestro de "hecha la ley, hecha la trampa". Pese a que la normativa establece que una vez admitida a trámite la solicitud de asilo, el ciudadano que la ha cursado puede moverse libremente por el territorio español, las autoridades de las dos ciudades africanas suelen poner trabas a los viajes a la península. Ese obstruccionismo adquiere tintes inhumanos como en el caso de Manar. Afectada por quemaduras en el 90% de su cuerpo tras la explosión de una bomba en su casa de Homs, ha tenido que pasar dos meses en Melilla a la espera de que se le permitiera desplazarse a la península para recibir tratamiento. Y hasta que no han intervenido el ACNUR y el Defensor del Pueblo no lo ha conseguido.