Está claro, la crisis económica se está utilizando para justificar el desmantelamiento del estado del bienestar, de sobras sabemos que la sanidad ,educación, y pensiones están sufriendo constantes ataques con el argumento de conseguir un lejano déficit al que su incumplimiento nos puede condenar para siempre al infierno de la pobreza: reaccionando con miedo, desconfianza institucional y búsqueda de salidas individuales, están haciendo que, cual si de una "tormenta perfecta" se tratase, la revolución de los neoliberales vaya imponiéndose sin más rechazo que las esporádicas resistencias en la calle y una oposición aletargada, incapaz de ilusionar y programar un proyecto político diferenciado, aunque moleste a las élites económicas de aquí y de Bruselas, la autodenominada oposición constructiva nos está llevando a un inmovilismo que inexorablemente nos puede arrastrar a la irrelevancia.

En este aguacero de reformas , recortes y agresiones sociales, de vez en cuando se filtra un rayo de sol en forma de sentencia judicial que anula la privatización de la sanidad pública madrileña ,la resistencia de algunos jueces a la actuación autocrática de Gallardón contra el principio de justicia universal, o la denuncia al Gobierno de España por incumplir cuestiones esenciales en derechos humanos, inmigración, relaciones laborales, cooperación con el tercer mundo... desconocidas tras los oscuros años de la dictadura: llegas a pensar que nos quieren hacer ver la época en que vivimos con el retrovisor del pasado.

Acostumbrados a sacar el espantajo de la crisis para justificar cualquier tropelía, el Gobierno se escuda en ella para justificar el incumplimiento de numerosos acuerdos internacionales , tanto si es por la inmigración y la devolución en "caliente" a quienes traspasan las fronteras de Ceuta Y Melilla como el abandono de programas de cooperación con magníficos retornos en imagen y colaboración con países latinoamericanos y del África Subsahariana o las llamadas de atención por OIT al incumplimiento por este Gobierno de los mínimos exigidos para la concertación social .El uso de la mayoría absoluta como "elefante en cacharrería" no legitima democráticamente pisotear acuerdos, convenios y compromisos que durante decenas de años situaron a España en el ránking de las democracias avanzadas del mundo.

La crisis no justifica la vulneración de principios esenciales en el mundo del trabajo o de los derechos humanos , porque su consecución ha sido fruto de nuestra historia, de reivindicaciones y conquistas del conjunto de la sociedad. Asfixiar económicamente a quienes muestran lo mejor de nuestra sociedad, la solidaridad, con niños, mujeres u hombres maltratados por la guerra, marginación, hambre o explotación laboral, es insoportable. Nuestro prestigio como país en estos años, se está transformando en vergonzoso bochorno, solo superado por la autocomplacencia de Rajoy cuando afirma "fuera de España nos miran como ejemplo de cómo salir de la crisis".

Llegué a pensar que los resultados de la EPA del primer trimestre de este año, les haría reflexionar y rebajar tanto triunfalismo infantil, pero no ha sido así ,la constatación de un mercado de trabajo totalmente destrozado por el paro, la temporalidad y el abuso en las relaciones laborales les parece natural. La maquinaria de propaganda continúa a pesar de seguir con seis millones de parados, medio millón de ellos abandonando el país,184.600 personas perdiendo su empleo en este trimestre, teniendo la tasa de actividad más baja desde 2007, perdiendo 424.000 activos en un año, aumentando los hogares con todos los miembros en paro hasta 1.978.900 y subiendo a 400.000 las familias sin ningún ingreso. Desde que llegó Rajoy al Gobierno 900.000 trabajadores con jornada completa y contrato indefinido perdieron su empleo,ya son 3.650.000 desempleados los que llevan más de un año buscándolo.

Sacar pecho con estos datos resulta grotesco, presentar como triunfo un cuadro macroeconómico que no es capaz de mover las tasas de paro desacredita nuestra imagen interna y externa, empecinarse en un modelo de austeridad económica a ultranza es indefendible hasta en los organismos internacionales que la jalearon hasta hace un año. Romper los difíciles equilibrios de la cohesión social puede serles rentable a corto plazo pero incapacitará por mucho tiempo a quienes la dinamiten, tanto si las aplican desde el Gobierno como si no las combaten contundentemente desde la oposición.