Tras desvelar la existencia de numerosos falsos autónomos en la distribuidora Glovo, la Inspección de Trabajo investiga a determinadas empresas cárnicas, otro sector donde parece haberse extendido idéntica vulneración de la normativa. A estas alturas no es ningún secreto que, al amparo de la creciente desregulación y del sistemático olvido de importantes derechos de los trabajadores, han proliferado las anomalías y se ha creado una auténtica jungla laboral. La tan cacareada recuperación económica navega así sobre un aumento de la explotación y un chantaje a miles de personas que para encontrar alguna forma de ganarse la vida han de someterse a condiciones inaceptables.

Una fórmula para abaratar los costes de personal consiste en abandonar el sistema habitual de contratos de trabajo para proponer a los posibles empleados que se den de alta como autónomos, corran con el coste de la Seguridad Social y queden fuera de las coberturas y derechos habituales, incluida cualquier posibilidad de ser indemnizados en caso de despido. Por supuesto, estos supuestos emprendedores actúan como cualquier trabajador por cuenta ajena: cumplen horarios, desarrollan su actividad en instalaciones de la empresa y en todo caso obtienen remuneraciones vinculadas directamente a su producción en términos de lo que vulgarmente se ha conocido como a destajo. Ellos, pero también otras personas que sí han sido contratadas, deben además ampliar sus horarios sin percibir la remuneración extra correspondiente o ceñirse a sistemas de turnos, festivos y relevos también sin ninguna compensación.

La nueva directora general de Trabajo, la turolense Concepción Pascual, se ha mostrado decidida a utilizar la Inspección como arma para poner orden en el ámbito laboral y acabar con los abusos. En línea con ello, el Gobierno presidido por Sánchez se muestra interesado en revertir las peores consecuencias directas e indirectas de la dura reforma llevada a cabo por Rajoy. Y la vuelta a la negociación entre sindicatos y patronales presagia asimismo un retorno a los códigos de derechos que deben ser de uso común en un país europeo y desarrollado.

Está fuera de duda que los espectaculares y rapidísimos cambios en todos los sectores económicos modifican las condiciones de trabajo y precisan nuevas reglas. Pero ello no puede lanzar a millones de empleados a la crudeza de la jungla.