Hay medicamentos, como Trankimazin, Maxalt y Tromalyt, que presentan problemas de suministro en las farmacias. Son algunos de los 160 fármacos que, por diversas circunstancias, no llegan al paciente que los necesita con la regularidad que sería deseable. También están en esta situación, en determinados momentos o en ciertos puntos de venta, algunos tan de uso cotidiano como el Ibuprofeno o el Paracetamol. El problema no es solo español: en un mercado global, la comercialización está sujeta a fluctuaciones de la producción, a veces concentrada en un solo país, y de los mercados internacionales. En España, el hecho de que haya medicamentos tasados por Sanidad a un bajo coste beneficia a los ciudadanos y a las arcas públicas. El 1 de enero de este año, por ejemplo, más de 1.200 medicamentos bajaron de precio. Pero tal cosa tiene como efecto secundario que las multinacionales prioricen otros mercados más lucrativos cuando la oferta global es menor que la demanda. Es verdad que en la gran mayoría de los casos encuentran alternativas, por lo que no hay un problema acuciante de desabastecimiento. Pero a menudo estas tienen un coste para el paciente o los profesionales, bien porque el plan B es más caro, bien porque deben recetarse otros preparados. Ante este problema estructural, todos los actores implicados deberían contribuir a que no sea el ciudadano quien arrastre esas molestias.
