El convenio que firmaron en 1993 el Gobierno de Aragón, la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ayuntamiento de los Fayos para paliar los efectos de la construcción del embalse de El Val estaba llamado a ser el referente obligado para todas las obras de regulación que contemplaba el Pacto del Agua. Así se dijo al menos en los discursos oficiales, desempolvados ahora por la justicia. Es lamentable que tengan que ser los tribunales quienes fuercen a las instituciones a cumplir once años después las compensaciones pactadas con los vecinos de Los Fayos afectados por un embalse cuya restitución iba a ser modélica.
