La semana próxima entra en vigor la ley del sector ferroviario, que supone el final del monopolio del transporte por ferrocarril y la desaparición de la actual Renfe. Las instalaciones ahora propiedad de la empresa pública pasarán a la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), mientras que Renfe Operadora será una empresa de transporte que competirá con aquellas que entren en el negocio. La apertura de esta actividad a la competencia coincide con el plan de infraestructuras a 15 años presentado por el Gobierno en el que se incluyen inversiones de más de cien millones de euros en el ferrocarril. El objetivo es acabar con el modelo radial de siempre y sustituirlo por otro de malla en el que la red ferroviaria cobre más peso frente a la de carreteras.
Esta es una buena ocasión para refundar el concepto de ferrocarril: un sistema poco contaminante, que no se colapsa y que facilita el desarrollo territorial. Para que cumpla sus objetivos sólo precisa planificación racional --la Y proyectada desde Zaragoza hacia Madrid, el País Vasco y el Mediterráneo es un buen ejemplo de proyección futura-- y una tecnología que ofrezca las prestaciones de comodidad y velocidad que los tiempos demandan.
