El juez Picazo impuso ayer una fianza de casi 19 millones a Carlos Escó, Agapito Iglesias y Ricardo García Becerril, los tres imputados por las investigaciones de Plaza. Es una medida que se veía venir y que parece lógica, habida cuenta el volumen de los sobrecostes presuntamente ilegales que están siendo investigados. Sin embargo su impacto ha de ser más que notable. Las investigaciones que tienen por objeto la administración de Plaza avanzan como una bola de nieve por la ladera. Se están convirtiendo en un alud.

El otro aspecto de la cuestión es su obvia vertiente política. La puesta en marcha de una comisión de investigación parlamentaria (solicitada formalmente por PSOE, CHA e IU) parece imprescindible, pues es elemental que las instituciones autónomas, víctimas de los supuestos manejos contables habidos en la Plataforma Logística de Zaragoza, pongan sobre la mesa todos los datos y delimiten las responsabilidades a que haya lugar.

Los implicados niegan la mayor e incluso hablan de persecución. Sin embargo, las evidencias están ahí. Y no pueden ser ignoradas. Hay que llegar al fondo de la cuestión.