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Editorial

Y al final, el Gobierno dice que la banca pagará

 

08/11/2018

Menos de 24 horas después de que el Tribunal Supremo (TS) causara estupor e indignación al revertir la sentencia sobre quién debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de las hipotecas, Pedro Sánchez anunció que el Ejecutivo cambiará la ley para que sean las entidades bancarias quienes asuman el pago de la tasa. Con esta exhibición de reflejos, el presidente mitiga la oleada de indignación ciudadana y las protestas que se estaban organizando contra el TS, encabezadas por sus socios parlamentarios de Podemos, en un momento políticamente muy delicado para el tribunal, en vísperas del juicio sobre el procés.

El Gobierno legislará sobre el impuesto por la vía rápida. Modificará la norma que regula tasa con un decreto ley que se validará hoy y entrará en vigor el lunes, tras su publicación, mañana, en el Boletín Oficial del Estado. Habrá un proceso de convalidación en el Congreso (que servirá para comprobar la posición de la oposición más allá de las declaraciones), pero ello no impide que a partir del lunes tanto bancos como clientes sepan a lo que atenerse al firmar los créditos, evitando la inseguridad jurídica.

Por la vía del cambio de legislación, Sánchez no solo se apunta un tanto ante la opinión pública. Además, evita una tormenta de litigios, al cerrar la puerta a la retroactividad en la medida y cierra la posibilidad de que desde Europa llegue otra desautorización a las prácticas de la banca. La decisión también sirve para desmentir a quienes, como hizo ayer mismo Quim Torra, han aprovechado el ciertamente desafortunado fallo de las hipotecas para dibujar una democracia española de baja calidad. Desde la esfera política, el Gobierno ha legislado de forma adecuada para evitar un fallo discutido y discutible. La fórmula del decreto ley es un aviso a navegantes respecto de la posible alternativa que tiene Sánchez para dar salida a medidas incluidas en los Presupuestos que no podrá aprobar si nada cambia.

En manos de la banca queda que el impuesto no acabe repercutiendo en el consumidor. No debería ser así. El desprestigio acumulado durante la crisis y sentencias como las de las cláusulas suelo deberían frenar ese tipo de tentaciones. La libre competencia debe permitir a los clientes discernir entre qué entidades asumen el impuesto y cuáles intentan repercutirlo en el consumidor.