No hace falta ser universitario para estar enterado de que las universidades públicas españolas lo están pasando mal por falta de financiación en un proceso de deterioro cada vez más acentuado. No es una casualidad. La falta de medios para mantener una docencia de calidad a la que sin duda nos conducía lo que diseñamos como consecuencia de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, el llamado proceso "Bolonia", o que haya menos recursos para investigar, o el intento de cambiar el sistema de gobierno, quitándole autonomía, forma parte del mismo proyecto político de deteriorar lo público y de favorecer lo privado. Lo mismo que sucede en los demás niveles de la enseñanza, en la sanidad, en las pensiones y en los Servicios Sociales, incluyendo la agonía del sistema de atención a la dependencia. Una universidad pública bien financiada es un instrumento fundamental para la movilidad social. Esa movilidad a la que se refería la presidenta de Andalucía cuando explicaba que viniendo de una casta de fontaneros ha llegado a presidir la comunidad autónoma más poblada. Movilidad es la palabra clave, es decir que aquellos que habiendo nacido formando parte de una clase social humilde puedan por sus propios méritos y esfuerzo aspirar a lo que deseen. Pero ¿quién quiere esa movilidad social? Obviamente la derecha en absoluto. Las clases poderosas no necesitan universidades públicas. Ahora todos somos clase media. ¿Para qué queremos movilidad? Profesor de universidad
