La Inspección de Trabajo ha intensificado en los últimos dos años su control para combatir dos de los principales problemas que tenían el mercado laboral en España y Aragón: las contrataciones precarias y muchas veces irregulares y el fraude que se derivaba de ellas, con el consiguiente perjuicio económico. Estas inspecciones están dando sus frutos y el balance de las mismas está obteniendo resultados positivos, lo que favorece la recuperación de la dignidad laboral de muchas personas cuyas condiciones de trabajo no se adecuan a la legalidad. Además, se ha conseguido atajar en parte la economía sumergida, otro de los males en un país en el que con demasiada frecuencia se comete este tipo de fraudes.

Los datos hablan por sí solos, y en el 2019 se consiguieron regularizar 11.788 empleos, de los que 5.891 eran puestos sumergidos, con el consiguiente engaño a las arcas públicas y la Seguridad Social. Estas regularizaciones se lograron tras realizar 34.383 inspecciones en distintos puntos de la comunidad autónoma. A su vez, se han conseguido aflorar 38 millones por distintos fraudes a la Seguridad Social, un 48% más que en el 2018.

Estas cifras corroboran que fue un acierto el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 que puso en marcha el Ejecutivo anterior y que contó con el apoyo del Gobierno de Aragón. Un buen ejemplo de coordinación entre administraciones y una decidida voluntad política por acabar con los engaños en el mercado de trabajo. La continuidad de estas inspecciones y la lucha contra cualquier tipo de abuso laboral es uno de los objetivos del Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos, aunque dependerá de dos ministerios al haberse disgregado Trabajo de Seguridad Social. Este aumento de las inspecciones, junto con la derogación de la reforma laboral vigente, puede mejorar la situación de uno de los principales problemas que siempre ha tenido España: la calidad del empleo.