La viabilidad del Estado del bienestar es un tema que preocupa e incluso, en ocasiones, angustia. Muchos ciudadanos (de 50 y 60 años) se preguntan cómo quedará su pensión. Algunos deberán renunciar a pequeños lujos: las vacaciones o el viaje con los amigos. En otros casos, ajustar una vida, ya sencilla, tras muchos años de trabajo honesto. En otras ocasiones, son angustias por situaciones de gran precariedad. Mucha clase media sabe que sus ingresos menguarán sustancialmente tras la jubilación, mientras ven cómo sus hijos acceden a trabajos temporales, sin solución en el medio plazo ¿Cómo les podrán ayudar ya jubilados y con pocas rentas? Les han dado una formación, pero no tienen esperanzas en el futuro.
¿Es viable el Estado del bienestar? Mi respuesta es claramente que sí-, si hacemos lo correcto. En el corto plazo, se pueden identificar cinco amenazas para su viabilidad. Por el lado de los recursos necesarios (los ingresos fiscales): el pequeño fraude fiscal de ciudadanos y pequeños empresarios. Cada fraude, aisladamente considerado, es pequeño pero al estar tan extendido acaba siendo un problema muy grave. La segunda amenaza es la elusión fiscal y la práctica de las grandes empresas que transfieren beneficios a paraísos fiscales. En total, estamos hablando de estimaciones que van de 40.000 a 90.000 millones de euros. Solo con una parte de esta cantidad acabaríamos con los ajustes.
Por el lado de los gastos también tenemos amenazas: el abuso de prestaciones y el favorecer una demanda ilimitada de servicios y atención públicos sin tasas que modulen el consumo del bien público; la mala gestión, uso poco eficiente de recursos económicos y humanos, o la gestión ineficiente; y la corrupción. Mejorar en estos cinco factores haría cualquier ajuste más llevadero: es posible que deba aumentarse más la edad de jubilación o limitar prestaciones públicas, pero sería en un tamaño y alcance menor, si fuera necesario.
Veamos el tema de la elusión fiscal y la transferencia de beneficios por parte de multinacionales a paraísos o semiparaísos fiscales. Las cantidades no son nada desdeñables. La OCDE calcula que el pago medio de las grandes compañías transnacionales es del 5%. En España, la mayoría de nuestras empresas pagan el 25% o el 30%. En este punto, hay que agradecer a los empresarios cumplidores con sus responsabilidades fiscales y valorar la enorme importancia de su función económica y social.
Apple, Starbucks, Barclays, Amazon, Google y eBay, entre otras, han sido denunciadas por malas prácticas. Vaya por delante que si lo hacen es porque se les permite, incluso es legal. Algunas han cambiado (SABMiller) y hoy, de manera transparente, explican en su web cómo y dónde pagan sus impuestos. En el 2009, el G-20 se comprometió a limitar estas prácticas. En cinco años se ha hecho poco, pero si se cumplen los calendarios en el 2015 se activará el proyecto BEPS (Plan de acción contra la erosión de las bases fiscales y transparencia de beneficios de multinacionales), impulsado por la OCDE.
Es una gran oportunidad para evitar la competencia en el ámbito fiscal y favorecer una mayor y más leal competencia en el mercado. No es la solución total, pero es un paso en la buena dirección para evitar la deslocalización de rentas y capitales a paraísos fiscales.
Hoy estamos en días convulsos donde la reacción a situaciones vividas como injustas es agresiva. No debemos equivocarnos, ni de enemigos, ni de estrategia: los enemigos no son los mercados, ni las empresas (la solución a la actual crisis demanda más y mejores empresas); tampoco la OCDE o el FMI, sino los que tienen voluntad y poder para modificar las reglas del mercado a su favor en detrimento de sistemas más eficientes.
Mientras no llegan las recomendaciones del FMI --que defiende con firmeza las políticas distributivas, para sorpresa de muchos-- y no se pone en marcha una Autoridad Impositiva Mundial (la WTA como sugería Vito Tanzi ya en los 90 desde el FMI) se pueden hacer muchas cosas cada día: apoyar a los políticos que están empujando la mencionada iniciativa BEPS y comprar menos en las marcas que tienen tan malas prácticas.
Como consumidor, le sugiero que no le compre al peor, sino al menos malo. Como consumidores responsables podemos influir, y mucho, en la mejora del comportamiento de las empresas. También sería deseable la creación de un índice público sobre el comportamiento fiscal de las grandes multinacionales en nuestro país. Todo ello crearía un incentivo a la mejora del comportamiento empresarial de una fuerza enorme y redundaría en la viabilidad del Estado del bienestar.
Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE
