El informe que el grupo de expertos que dirige el catedrático Manuel Lagares ha elaborado para el Gobierno propone una reforma casi integral para llevar al sistema fiscal español hacia un modelo más europeo, o más comunitario para ser exactos. El objetivo es mantener la recaudación fiscal en relación al PIB, reducir el déficit público y bascular el aparato tributario hacia un sistema en el que los impuestos indirectos pesen más que los directos. La filosofía que empuja en esa dirección es el consenso internacional, según este grupo de expertos, sobre que los impuestos indirectos no afectan al consumo ni al empleo, mientras que los directos sí alteran la actividad económica.
El informe pone mucho acento en la subida del IVA y los impuestos especiales, y en su correspondiente bajada del IRPF y de la tributación de las rentas del capital. Sin embargo, pasa de puntillas sobre medidas para combatir el fraude fiscal. Apenas una mención cuando sugiere reducir los impuestos sobre las rentas de los alquileres de pisos y otra cuando defiende eliminar el sistema de módulos para cierto tipo de negocios. Una falta de sensibilidad incompresible en un país cuya Hacienda recauda en torno al 37% del PIB, nueve puntos por debajo de la media comunitaria, lo que pone al descubierto un grave problema de eficiencia tributaria.
UNIFORMIDAD TERRITORIAL
El informe coincide con algunas de las ideas sobre reforma fiscal que ha ido desgranando el Gobierno, como la subida del mínimo exento del IRPF. Y también en un cierto aire de uniformidad territorial para reducir las grandes diferencias entre comunidades autónomas en tributos como el de sucesiones y patrimonio.
Proponen igualmente eliminar la tasa autonómica --y estatal-- sobre los depósitos bancarios y que la Administración central participe en la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que ahora es enteramente local. Estamos ante un paquete de medidas de inspiración liberal que no alterarían --en el caso improbable de que el Gobierno las adoptara-- la tributación directa de las clases medias, pero sí la indirecta, mientras que las rentas del capital y del ahorro pagarían un tipo fijo más favorable que el actual. En el caso de los ciudadanos con menos ingresos, la subida del IVA contrarrestaría un IRPF más favorable.
