Con la fortaleza y templanza que exige la Justicia, el ministro del ramo estudia el controvertido tema de las tasas judiciales. Aún más espinoso le resultará la anunciada revisión de los beneficios penitenciarios automáticos y reducciones de pena, de nuevo en la palestra merced al proyecto de instaurar la denominada "prisión perpetua revisable". Si fundamental es la rehabilitación de los delincuentes y el respeto de su derecho a la reinserción social en las mejores condiciones posibles, no es de menor relevancia la indefensión en que puedan quedar sus víctimas potenciales. La derogación de la doctrina Parot ya ha provocado lamentables secuelas de reincidencia, en casos que, previsiblemente, están fatalmente abocados a su reiteración, dadas las características psicopáticas de los autores o la ausencia de un deseo sincero de redención. Todo ello conlleva alarma social y un sentimiento de indefensión justificado en pasadas experiencias, independientemente de que la excarcelación temprana de algunos reos supone también un agravio directo hacia los damnificados por el delito. ¿Están de verdad enfrentados los derechos de víctimas y agresores? Si ello fuera así, parece muy razonable inclinarnos en favor de las primeras; sin embargo, existe un punto de equilibrio basado esencialmente en la necesidad de estudiar cada caso de forma personalizada. Solo así puede alcanzarse una cuota razonable de éxito sin pagar por ello un precio excesivo, lo cual, obviamente, no garantiza la ausencia de errores: no se trata de alcanzar la perfección, sino de intentarlo. En esta ocasión, el Ministerio de Justicia parece ir bien encaminado, en un tema donde las posturas extremas y radicales suelen resultar nefastas. Escritora
