El fenómeno de la aparición de los fondos buitre, aunque hay precedentes, sobre todo referidos a la compra de títulos de deuda de países en dificultades, va ligado en este país a la crisis financiera e inmobiliaria. Su estrategia puede explicarse sencillamente, aunque sus derivadas y entramado legal son complicados. Se trata de un mantra del capitalismo: entrar en el mercado para comprar a bajo precio y revender o administrar luego estos activos a un precio superior, a partir de la gestión de unos fondos de inversión de muy distintas procedencias. Es el caso de Blackstone, la empresa que, con unos 22.000 millones de activos, se ha convertido en la primera inmobiliaria española. Todo empezó en el 2013 con la adquisición de 1.800 viviendas de protección oficial al Ayuntamiento de Madrid, en época de Ana Botella, una operación inexplicable que sirvió para afianzar a la compañía, que emprendió nuevas compras, limpió entidades bancarias con una gran cartera hipotecaria e inyectó liquidez a un sistema muy debilitado. Aun actuando en la legalidad, los fondos buitre han implantado una política deshumanizada que ha aumentado los desahucios y la dejadez y el anonimato en la gestión y ha convertido a los ciudadanos en meros números contables. Conviene reflexionar sobre la responsabilidad de las administraciones en este caso y criticar la falta de vivienda pública, una cuestión lacerante que los fondos buitre agravan.
