El departamento de Educación de la DGA no tenía ninguna intención de organizar plazas del comedor escolar para la época de verano destinadas a aquellos alumnos con necesidades más perentorias, que quedaban desprotegidos una vez acabado el curso. Ha tenido que ser una dotación económica del Gobierno central a repartir entre las comunidades autónomas la que haya impulsado el cambio de criterio. Ahora sí, se reconoce que muchos niños podrán acceder --sobre todo en los colegios con mayor número de becas-- a esta opción, garantizando una alimentación no siempre disponible en sus casas. Son 700.000 euros, una cantidad que por lo visto hace cambiar de criterio frente a necesidades sociales evidentes. Bienvenida sea la rectificación de la DGA, pero es lamentable que tengan que empujarla desde Madrid.