Hace poco más de seis meses que se aprobó el Pacto de Estado contra la violencia machista, una declaración de intenciones que tenía que ser efectiva y urgente (con medidas concretas) no solo contra la lacra de los crímenes sexuales y los asesinatos en el entorno doméstico sino contra todas aquellas actitudes que inciden en la desprotección de las víctimas y de su entorno, desde la ampliación del concepto de violencia (no solo en un ámbito familiar) hasta la consideración de los menores como uno de los colectivos más amenazados. Se aprobó en el Congreso (con la actitud contraria de Podemos, que vislumbraba grietas en el Pacto, entre ellas la dotación económica) y luego tuvo la preceptiva ratificación por parte de ayuntamientos y autonomías.

Una de las piezas clave era la consignación de 1.000 millones de euros de presupuesto en cinco años, a tenor de 200 por ejercicio. Meses después, y más allá de la «creación de grupos de trabajo», en palabras de la ministra de Sanidad e Igualdad, Dolors Montserrat, el Gobierno del PP no ha movido ni un dedo, con la excusa de la falta de aprobación de los PGE. No ha garantizado tampoco, como así había prometido la ministra, un decreto de modificación extraordinaria en el primer trimestre del año, para hacer frente -en caso de falta de acuerdo presupuestario- a las necesidades urgentes del pacto. Por si fuera poco, en el proyecto presentado solo se prevén 80 millones para el 2018. Del resto, hasta 200, tendrán que hacerse cargo autonomías y municipios. Aunque haya un incremento de financiación, es evidente que los entes locales y regionales tendrán que priorizar inversiones, lo que va en detrimento de la unidad estratégica del pacto. Además, en los Presupuestos del Estado no se calcula ni un solo euro para educación, uno de los pilares fundamentales para luchar contra una tragedia que ya se ha cobrado su decena víctima en lo que va de año: una mujer de Blanes, asesinada a manos de su esposo, ante sus tres hijos.

A estas alturas parece difícil que a lo largo del 2018 puedan hacerse realidad las medidas previstas en septiembre. Sin calendario previsto, con la referida demora económica, y con un cierto aire de dejadez gubernamental, el histórico acuerdo corre el peligro de ser papel mojado. Algo que nuestra sociedad no puede permitirse de ninguna de las maneras.