¿Imaginan al concejal de Urbanismo acordando con un magnate la venta del estadio de La Romareda con la condición de subir el equipo a Primera? Nadie tomaría en serio semejante charlotada. Algo parecido se produjo en el 2008 cuando el consejero municipal de Urbanismo (Carlos Pérez Anadón) y el grupo Pikolín (Alfonso Soláns Soláns) suscribieron un convenio urbanístico por el cual se recalificarían los terrenos de la fábrica (un suelo urbano no consolidado zona H se equipararía a zona F). En román paladino: los suelos industriales de la carretera de Logroño cambiarían de calificación y se podrían edificar viviendas. Un negocio con pincelada social: la empresa se comprometía a mantener los puestos de trabajo en la nueva ubicación de la planta la friolera de dos años.

Saltemos en el tiempo con un nuevo decorado, primavera del 2015. Como flores de azahar brotan de la plaza del Pilar proyectos urbanísticos: una gran torre en la Almozara, la reforma de La Romareda con convenio incluido, una gran galería outlet en la planta de Pikolín... ¿Simple azar? ¿O la floración obedece a las inminentes elecciones municipales y, como diría el caudillo en su mensaje navideño de 1969 inmortalizado por el NO-DO, «habría que dejar todo atado y bien atado»?

Sea como fuere, luces, cámaras y claqueta se disponen el 28 de abril del 2015. El Gobierno socialista de Zaragoza da el visto bueno al inicio del Plan Especial de las instalaciones de Pikolín-Iberebro, en la carretera de Logroño, contemplando ocupar sus espacios con una zona comercial. Para el vicealcalde Fernando Gimeno una «operación importante» que, pese a polémicas, califica de «interés para la ciudadanía por entender que la competencia es buena».

Y aparecen los aguafiestas, no contentos con el flashback de oponerse al derribo del Mercado Central en 1976 llevando al traste la construcción de la Vía Imperial y su desarrollo urbanístico, cuarenta años después también quieren cargarse el outlet. Y con el mismo reparto: fuerzas de izquierda, sindicatos de clase, movimiento vecinal, pequeños comerciantes, ecologistas… Erre que erre siguen, inasequibles al desaliento, con la matraca de la ciudad consolidada, apoyo al comercio de proximidad, impactos medioambientales y demás zarandajas. Llega mayo con cambios de iluminación, con cambios en la ciudad. Los nuevos regidores del consistorio tampoco ven con buenos ojos el outlet ni recalificaciones a la carta que vulneren el Plan General. Pero se percibe al fondo de la sala la linterna del acomodador: si el Gobierno no quiere, la unida oposición (PP, Ciudadanos y PSOE) sacará el proyecto adelante «responsablemente». Por ellos no va a quedar la cosa.

Transcurre un rodaje animado, algunos pataleando, otros (técnicos municipales) desaconsejando el plan, la propiedad entonando loas de impactos positivos para la ciudad y el empleo (60 millones de inversión y 1.800 puestos de trabajo), las rotativas posicionándose... hasta el momento del preestreno. El 24 de octubre del 2016 el pleno municipal, con los votos de PP, Ciudadanos y PSOE, aprueba el Plan Especial del Área de Intervención H-61-5. Y los mismo secundarios aguafiestas de antes recurren el 23 de diciembre del 2016 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que falla el 19 de febrero del 2019 declarando nulo de pleno derecho el plan especial por vulnerar el PGOU.

Vaya final: un circo creciendo enanos. Ni Sísifo subiendo el monte con la piedra a cuestas y al alcanzar cima le rueda cuesta abajo y vuelta a empezar. Pero al avezado guionista le quedan escenas por rodar, pues en pantalla todavía no ha aparecido el rótulo de The end.

Primera escena: dado que el ayuntamiento, tras el fallo, quiere suspender licencias de las obras iniciadas en base a informes jurídicos, se vota en contra y santas pascuas. Segunda escena: dado que el ayuntamiento no quiere interponer recurso de casación ante el Supremo, pese a informes que predicen una más que probable desestimación, se vota en contra, se recurre y santas pascuas.

Tercera y última: si el outlet vulnera el dichoso PGOU se modifica este y sanseacabó.

Como saben los cinéfilos, toda historia precisa de una esmerada puesta en escena. Dicho y hecho. Se airea que decayendo el proyecto se arruinará el consistorio por la millonaria indemnización a la propiedad (curiosamente el convenio del 2008 establecía que si por causas no imputables a las partes resultaba inviable la ordenación urbanística, los particulares no ostentarán derecho a reclamar indemnización alguna y el artículo 23.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público dispone que la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización); se informa a los desinformados que el nuevo centro no compite con el comercio de barrio, cuyo verdadero enemigo se halla en el electrónico y no en grandes superficies; se insinúan los miles de puestos de trabajo que representa el outlet o los riesgos de «deslocalización» de la nueva factoría.

Como en exitosas sesiones dobles de antaño, la ciudad ya ha visionado largometrajes similares como el de Alcampo-Utrillas, donde tras la ejecución de la obra, apertura del centro y modificación ad hoc del planeamiento con efectos retroactivos, el Supremo falla en su contra pero como la sentencia resulta inejecutable pues que nos quiten lo bailao.

El problema radica en el tipo de película que queremos ver, en el modelo de ciudad para el mañana. Que responda, como reza la memoria del Plan General en vigor, al modelo concentrado, con un modo de vida propio de una ciudad «tradicional», «habitable», constatando la preferencia de los vecinos por el barrio donde viven, donde gran parte del tejido reúne condiciones de centralidad accesible, complejidad de funciones, ambientes y barrios que permitan un alto grado de animación y relación social en el entorno cotidiano. Donde se deban equilibrar las tendencias centrífugas y los desarrollos periféricos con el mantenimiento de funciones culturales, comerciales y representativas en el centro tradicional.

Necio sería no reconocer el interés empresarial pero los poderes públicos, en su obligación de velar por el interés general, favorecerán iniciativas basadas en otros parámetros como la investigación, el desarrollo o la innovación desterrando la consabida y lucrativa política del pelotazo. Vulnerar el PGOU incluyendo usos de comercio minorista no contemplados, emular modelos de grandes superficies que asuelan nuestros barrios, tiendas y calles, contradecir la sostenibilidad medioambiental… no parece la mejor película.

Tras el próximo mes de mayo la sesión continuará. Y ojalá que el final sea, como el de Audrey Hepburn cuando en Desayuno con diamantes encuentra a su gatito.

<b>*</b>Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza