FUNDAMENTALISMOS

Así, entre otros, el cardenal de Sevilla, Carlos Amigo, declaraba que al Gobierno socialista le había dado un ataque de "fundamentalismo laicista" y de "radicalismo laicista" y se había convertido en "perseguidor de la religión", en lo que coincide el obispo de Zaragoza, Elías Yanes, que habló de "ofensiva laicista" y de "ataque frontal". Por su parte, el obispo de Navarra, Fernando Sebastián, además de "una desmesura", tildó la anunciada reforma de la LOCE y la regulación de la clases de la asignatura de religión de "ilegal" por contravenir, según él, el Acuerdo de 1979 entre el Estado español y el Estado del Vaticano.

Hay fundamentalismos maniqueos que sólo admiten como exclusiva verdad sus verdades y convicciones. Todo lo que queda fuera es condenado de inmediato a la hoguera del error y la heterodoxia. Sin embargo, en una sociedad democrática hay un fundamentalismo común a toda la ciudadanía que tiene como objetivo la unión de todos en los derechos y las obligaciones universales. Ese fundamento se llama "Constitución", y los ciudadanos han de aceptarlo como cimiento de la convivencia. Y la Constitución declara que España es un Estado aconfesional.

HAY RADICALISMOS exacerbados que de tanto estar escorados hacia sus propias posiciones hacen de sus presuntos adversarios un enemigo, que les ataca, les persigue, y hay que combatir y eliminar. Sin embargo, como "radicalismo" significa ante todo "relativo o perteneciente a la raíz", en una sociedad democrática hay un radicalismo sano, positivo, clarificador, aglutinante: la Constitución sirve para que enraícen los principios básicos de convivencia, por encima de las diferencias y las disonancias. Y la Constitución dice que España es un Estado aconfesional.

A la Iglesia Católica española no la ataca nadie y no ha habido en toda la historia una época en la que nuestro país haya tenido tan en paz y armonía la libertad de cultos y creencias. Hubo otras épocas, sí, donde sólo cabían las tesis y dictados de una confesión religiosa, donde los disidentes equivalían a proscritos y marginales, donde el poder civil apoyaba su peso muerto en esa ideología religiosa, donde sus fundamentalismos y radicalismos eran la única verdad, la única ortodoxia. Sin embargo, hoy las aguas discurren por otros cauces, donde caben todos, donde los derechos y las obligaciones de todos son iguales. A la Iglesia Católica española no la persigue nadie, lo que pasa es que algunos de sus jerarcas aún no se han hecho a la idea de que la historia avanza y progresa, y ellos ya no cuentan con sus antiguos privilegios y prerrogativas.

INVOCAN LA vigencia de un Acuerdo entre España y el Vaticano, que les otorga un trato muy ventajoso en materia fiscal, económica, social y también educativa. No son pocos los ciudadanos que se preguntan cuál es la razón de que esa confesión religiosa goce de un trato tan excepcional. Y como la jerarquía católica se aferra con uñas y dientes a ese Acuerdo, esos ciudadanos consideran que, si por un casual la reforma de la LOCE anunciada recientemente contraviene el Acuerdo Iglesia-Estado, lo que hay que poner en entredicho no es sólo la reforma de las clases de religión en la escuela pública, sino también el acuerdo mismo. En un centro escolar público se imparten conocimientos, no creencias, y las creencias son libres, pero no necesariamente requieren alternativas dentro del currículo de un centro público.

A pesar de que la ministra dejó muchos aspectos sin concretar y definir, la enseñanza de la Religión en la escuela pública sigue siendo de oferta obligatoria, y voluntaria por parte de los alumnos que lo soliciten. Pueden estar, pues, tranquilas las familias que desean una formación religiosa para sus hijos, más considerando que siguen teniendo la más completa libertad, contemplada en la Constitución, para que sus hijos puedan adquirir las creencias y comportamientos que consideren oportunos en los lugares más adecuados para ello: el hogar familiar y las parroquias.

*Profesor de Filosofía