El sector del taxi en España realizó ayer una poderosa demostración de fuerza en el conflicto que mantiene con los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y por la irrupción en el mercado de plataformas tecnológicas que ofrecen sus servicios a través de aplicaciones del móvil. El tráfico en varias ciudades grandes españolas vivió estampas inéditas sin taxis en sus calles (en Zaragoza no hubo conflicto por el acuerdo de la semana pasada con el Gobierno de Aragón), mientras Madrid acogió una gran concentración de profesionales llegados desde diversas zonas del país (también hubo representantes de las provincias aragonesas) para protestar por lo que consideran una competencia desleal que amenaza su futuro.

Y no les faltan razones. Tal como ocurre en otros sectores, los trabajadores del taxi observan cómo las reglas del juego por las que se regía su oficio están cambiando de forma intensa y acelerada y eso conlleva efectos directos sobre sus ingresos, condiciones de trabajo y hasta las previsiones de jubilación cuando finalice su vida laboral. Fuertemente regulado por ser un servicio público esencial, el gremio del taxi está obligado a cumplir condiciones exigentes en cuanto a la seguridad, a los tributos a pagar o las tarifas a cobrar, junto a un control estricto de licencias. A cambio, la regulación estatal les garantizó límites no menos severos a las alternativas al taxi como el alquiler de VTC. Este marco regulador se quebró con una ley liberizadora que eliminó durante dos años la limitación de licencias VTC.

Otro factor ha venido a revolucionar el panorama. Dos operadores de alcance mundial, Uber y Cabify, ofrecen el servicio privado de transporte a través de una sencilla operación con el omnipresente móvil. Se trata aquí de un desafío más estructural que el de las licencias VTC, porque conecta con una demanda creciente en consonancia con el mayor número de ciudadanos que viven tecnológicamente. No les falta razón a los taxistas cuando reclaman una mayor transparencia en la gestión de estas nuevas plataformas que, aunque se vistan de modernidad y hasta de falsa economía colaborativa, deben cumplir con la legalidad laboral y tributaria a la que están sujetos los demás. Solo así la competencia podrá ser en igualdad de condiciones. Se equivocarían, sin embargo, los profesionales del taxi si se cerraran en banda. Junto a la Administración y al resto de actores del conflicto, deberían dar una oportunidad al diálogo para diseñar entre todos las líneas maestras de un sector que debe evolucionar al paso de la sociedad. Es un debate inaplazable.