Las decisiones de un político en el ejercicio del gobierno no deben estar motivadas por su índice de popularidad. Pero este parámetro sí es un elemento de juicio para poder analizar su labor. No es casualidad que Alberto Ruiz-Gallardón sea el cuarto ministro peor valorado del Gobierno de Mariano Rajoy, según uno de los últimos barómetros del CIS, algo que ya se ganó a pulso con su proyecto de reforma de la ley del aborto censurada en amplios sectores sociales. No parece que vaya a remontar la imagen del ministro de Justicia con decisiones como el indulto, otro más en una política harto generosa en la materia, para un guardia civil que grabó con el móvil, con mofa incluida, la agresión sexual de un amigo a una mujer. Pese a los informes favorables a los que apela el ministerio, algunas revelaciones posteriores echan más de una sombra sobre un perdón que se antoja inadmisible. Por ejemplo, que el guardia civil es hijo de un concejal del PP del Ayuntamiento de Lena (Asturias), que fue quien inició la recogida de firmas. Un indulto que poco dice en favor de Gallardón respecto a su idea de la dignidad de las mujeres.
