A lo largo de este mes de enero se han llenado muchas páginas con los hechos acontecidos en el barrio burgalés de Gamonal, donde, y sin entrar en el fondo del asunto, los vecinos de la ciudad y del barrio se manifestaron y, finalmente, gracias a su lucha y a las manifestaciones ciudadanas, lograron parar unas obras que, además de cambiar la trama urbana local, servían para dar suculentos beneficios a unos constructores que, parece ser, suelen ser adjudicatarios de muchas obras en la zona.
En estos años que llevamos de legislatura, el Gobierno PP-PAR ha finiquitado el Plan Red de Carreteras que hizo el anterior Ejecutivo, curiosamente fruto del trabajo de un director general de Carreteras del PAR. La cuestión es que, desde el primer momento, el consejero, Rafael Fernández Alarcón, y algunos otros, reconocieron no estar de acuerdo con el mismo, pues costaba mucho dinero en plena crisis y el Plan Red de Carreteras, que suponía la privatización por el PSOE-PAR en la gestión, obras y mantenimiento de las principales carreteras aragonesas, ha pasado a ser historia. El argumento dado por Alarcón para finiquitarlo no ha sido otro que, aun no estando de acuerdo con el plan, "se ha caído" porque las constructoras no encontraban financiación adecuada; o lo que es lo mismo, no les prestaban el dinero o, si se lo prestaban, era a tipos impositivos muy altos que les hacía inviable económicamente llevar a cabo los compromisos adquiridos con el Gobierno de Aragón y, por tanto, con toda la ciudadanía aragonesa.
Son dos casos distintos, con indemnizaciones de por medio, con lecturas bien distintas. En el primer caso, en Gamonal, el Gobierno local del PP ha buscado mediáticamente, primero, la criminalización de la protesta y, segundo, la culpabilidad económica, al señalar que tiene que indemnizar a la constructora por incumplir el ayuntamiento el contrato firmado que los vecinos no quisieron. En el segundo caso, en el Plan Red, son las constructoras las que no han cumplido su contrato por falta de financiación externa y, por tanto, las que han dejado tirados a los aragoneses.
El sentido común diría que si han incumplido su contrato, los aragoneses deberíamos ser indemnizados pero, lejos de esto, el Gobierno de Aragón va a abonar en torno a unos 15 millones de euros (y ya veremos si no son más) por la rescisión de contratos de mutuo acuerdo, por cuestiones tales como realización de proyectos, que dicho sea de paso, nadie sabe cuándo van a poder ser ejecutados. Dos hechos distintos con varias conclusiones, donde quizás las más importantes sean dos: que los ciudadanos tienen la capacidad de cambiar las cosas con voluntad y determinación y que la derecha española hará lo imposible para que las constructoras nunca pierdan y, además, para criminalizar y culpabilizar a los ciudadanos que se movilizan y consiguen sus objetivos. No vaya a ser que cunda el ejemplo y se cambien de verdad.
Portavoz de Obras Públicas y Transportes de IU Aragón
