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GASTO O INVERSION EN SALUD

  •  Hay que reclamar un planteamiento de coste-beneficio en el tratamiento de las enfermedades


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    GUILLEM LópezGUILLEM López 01/07/2005

    Cuando hay que tomar una decisión colectiva sobre cuánto hay que gastar en salud, la respuesta no puede tener mejor referencia que saber si los beneficios del cambio tecnológico en los servicios sanitarios valen lo que cuestan. Ello requiere información sobre los costes, pero también sobre cómo los recursos se transforman en beneficios de salud como, por ejemplo, cuántos años de vida se han ganado. La valoración ha de relacionarse con aspectos concretos del funcionamiento del sistema sanitario en condiciones reales, porque así se garantiza en la práctica que los beneficios para la salud superan los costes.

    Este principio ético es fundamental para centrar los comentarios que siguen, que quieren destejer la idea (economicista ) de que los economistas de la salud se preocupan de los costes y se despreocupan del bienestar de la población. A tanto ha llegado el ruido que proviene de este sector, instalado en el déficit financiero, en los globos sonda de los copagos, en profesionales quemados por las condiciones en las que trabajan. Como si la suficiencia de cualquier gasto sanitario se debiera de garantizar, como si cualquier incremento retributivo estuviera justificado, como si la financiación con impuestos y no por precios fuera coartada permanente para la equidad fiscal. Así alcanzan la demagogia algunos de los debates mediáticos al uso sobre la sostenibilidad del sistema sanitario.

    Desde el año 1900, la esperanza de vida al nacer en España ha pasado de 35 años --sin diferencia por sexos-- a más de 80 años para las mujeres y de 75 para los hombres, en el año 2000. Esta tendencia, aun con peculiaridades, es similar a la experimentada por el resto de países desarrollados y, básicamente, es el resultado de una extraordinaria reducción de la mortalidad infantil, de la mortalidad materna y de la debida a enfermedades infecciosas.

    Cuando se trata de valorar el impacto de los servicios sanitarios sobre estas espectaculares reducciones de mortalidad, todavía es frecuente encontrar como explicación una suerte de historiografía mítica de los avances de la medicina científica que viene jalonada por los logros de las vacunaciones, el descubrimiento de la penicilina y el transplante cardiaco, cuando las causas del aumento en la duración de la vida deben buscarse en las mejoras en nutrición, higiene y control de la reproducción. En conjunto, la demografía sanitaria y los estudios recientes sobre variaciones en estados de salud/enfermedad tienden a valorar muy residualmente la contribución de los servicios sanitarios a la mejora de la salud de la población durante los dos primeros tercios del siglo pasado, y a situar las causas de estas mejoras en los avances en salud pública, en el nivel socio-económico y educativo, y en los cambios en los estilos de vida.

    AUNQUE LAaportación de los servicios sanitarios en la mejora de la salud no sean comparables en importancia a los derivados del cambio social, no son por eso menos relevantes. Al menos en los países desarrollados, hay que mantener sobre ellos la exigencia de una relación coste/beneficio favorable, que no debería asumirse con carácter general, sino estudiarse en cada caso concreto. Es previsible que en el caso de tecnologías muy efectivas, como las relacionadas con la medicación cardiovascular que se emplea en poblaciones con un elevado riesgo de muerte, la mayoría de ellas supere el test de coste/beneficio.

    Otras tecnologías, medianamente efectivas, son las usadas en poblaciones de bajo riesgo. Son de zonas grises, las que no presentan claras ventajas en la relación entre costes y beneficios --como algunas intervenciones de próstata o útero--, lo que sugiere que que su utilización se limite a los subgrupos de mayor riesgo. Otras tecnologías son de baja o nula efectividad (como el uso de antibióticos para infecciones virales), casi no aportan valor, con lo que por bajos que sean sus costes, se situarán en zonas de coste-beneficio negativas.

    La democracia y la eficiencia, entendida como la prestación de los servicios que más valoran las personas, reclaman criterios explícitos en lugar de implícitos. España sentó el principio de priorización con el real decreto 83/1993, de 22 de enero, de financiación selectiva de medicamentos y con el decreto 63/1995, de 20 de enero, de ordenación de prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

    EL PROCESOde establecimiento de prioridades resulta sumamente complejo y requiere conjugar política sanitaria con práctica clínica: ambos niveles están comprometidos. Los resultados de la evaluación económica pueden ayudar a establecer unas prioridades sanitarias que respondan a las preferencias sociales. La validez de los resultados dependerá de la legitimidad del proceso, de la modulación de los métodos de evaluación económica para incorporar criterios adicionales al de eficiencia (tanto distributivos como de responsabilidad individual), y del grado en que dichos resultados recojan de manera efectiva las preferencias sociales.

    De ahí la importancia que adquiere la economía de la salud para la mejor adecuación de medios y fines en el mundo sanitario. Reflejo de ello es que cerca de 2.000 expertos internacionales se reúnan en Barcelona este mes de julio para reenfocar el debate del valor de la salud y sus costes. Invertir en salud es el lema de esta quinta Conferencia Internacional en Economía de la Salud, que servirá para conmemorar que dicha disciplina ha alcanzado ya en nuestro país sus 25 años de trabajos científicos.

    *Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y consejero del Banco de España. También firma este artículo Alfonso Ortún, codirector del Centro de Investigación de Economía de la Salud (UPF)