El mantra del Gobierno de Carles Puigdemont y de la coalición soberanista según el cual sigue en pie la consulta del 1 de octubre suspendida por el Tribunal Constitucional languidece a marchas forzadas. Aunque el presidente de la Generalitat asegurara ayer que la hoja de ruta sigue adelante, la realidad es muy distinta: el referéndum ilegal es imposible y no va a celebrarse. Víctimas de su sinrazón y de sus mentiras, los dirigentes de la Generalitat se resisten a dar carta de naturaleza a la inviabilidad ya no solo legal, sino técnica, de la trama secesionista. Los operativos policiales de los últimos días han requisado las papeletas, la publicidad institucional y la citaciones a los miembros de las mesas. La intervención de la caja de la Generalitat impide nuevas contrataciones. La macrooperación judicial del miércoles desarboló de hecho a la cúpula de la Generalitat con capacidad operativa para restituir las piezas caídas y encargar las que quedaban por organizar. Esos son los hechos, sobre los cuales los políticos independentistas intentan sacar ventaja dejando en un segundo plano los intereses de los ciudadanos y hasta la propia razón. El mismo miércoles, el presidente Rajoy daba por abortado el referéndum suspendido y retaba a los mandatarios del Gobierno catalán a abandonar esa «quimera». Deberían hacerle caso y capitular en su patética huida hacia ninguna parte.

Ahora bien; a la vista del callejón sin salida en el que se encuentra la Generalitat no sería descartable que intentara algún nuevo truco para burlar la ley. Cobra fuerza la idea de que se mantenga una convocatoria para el 1-O como protesta o algarada, en línea de la salida preconizada ayer por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, empeñada en erigirse en una especie de tercera vía ante la locura soberanista. Tampoco puede desecharse que que el PdeCAT se subrogara a un simulacro de votación organizado deprisa y corriendo por entidades soberanistas de la sociedad civil. E incluso hay quien valora que en su delirio la Generalitat impulse una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) como maniobra desesperada que solo podría acabar con sus jefes en la cárcel. Puigdemont y Junqueras no pueden aguantar el engaño y la estafa democrática más tiempo. Ya que no se van a marchar, deberían empezar a pensar en el día 2, porque alimentando miserablemente la cita imposible del 1-O solo pueden hacer el ridículo.