No hay día sin nuevas denuncias contra el presidente de EEUU, Donald Trump, por su conducta impropia e incluso presuntamente delictiva. En pocos días se han conocido varios casos y quienes los han hecho públicos han sido personas de su entorno que habían trabajado en su círculo más próximo. Su exabogado Michael Cohen se ha declarado culpable, implicando así al multimillonario de haber violado las leyes sobre la financiación electoral en la campaña que le llevó a la Casa Blanca. Se trata del pago de sumas importantes de dinero a dos mujeres para que mantuvieran la boca cerrada sobre sus supuestas relaciones con Trump. El mismo abogado se declara dispuesto a colaborar en la investigación sobre la trama rusa que desde siempre ha sobrevolado sobre esta presidencia republicana. Paralelamente, el exjefe de campaña del mandatario, Paul Manafort y figura relevante en dicha trama, era declarado culpable de varios delitos por fraude. Pocos días antes, una excolaboradora del presidente publicaba un libro en el que retrataba su racismo, misoginia y cortedad intelectual. En todos los casos Trump ha respondido con insultos. Hasta ahora y desde su elección, Trump ha logrado surfear todas las acusaciones, pero el trabajo de la justicia es siempre lento y más tratándose de un personaje de tanta relevancia. La pregunta es si la ola acabará engullendo al presidente.
El drama de los rohinyás ha sacudido las conciencias por la bárbara persecución a la que ha sido sometida esta minoría de Birmania. Ahora, una misión especial de investigación de la ONU ha elaborado un informe en el que son los datos los que hablan por sí mismos. Y hablan de la existencia de elementos de «genocidio intencional». Naciones Unidas es siempre muy cauta cuando se trata de utilizar la palabra genocidio porque es la máxima acusación que la organización puede hacer contra un Gobierno. En este caso, lo ha hecho denunciando así los crímenes contra la humanidad cometidos por la cúpula militar birmana en su limpieza étnica de la región de Rakáin, de mayoría musulmana, obligando a abandonar el país a más de 725.000 personas pertenecientes a dicha minoría en el último año. Las autoridades han presentado siempre su actuación en dicha región como la respuesta armada a acciones de una guerrilla, pero el informe deja bien claro que las necesidades militares nunca justifican los asesinatos indiscriminados, las violaciones en grupo, las agresiones a niños y la quema de pueblos enteros, que es lo que los investigadores de la ONU han podido constatar. La mayor acusación va dirigida a siete altos mandos militares, quienes, según el informe, deben ser juzgados por un tribunal internacional, pero la presidenta del país y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, sale mal parada por no detener las atrocidades.
