La Fundación Nueva Cultura del Agua, con el autorizado concurso del ex-fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, presentó ayer un documentado informe del que se deduce la existencia de perfiles de corrupción en la administración hidrológica española. De esta forma los gestores políticos y técnicos que han protagonizado la elaboración y la actual puesta en marcha del trasvase del Ebro aparecen tocados por la sombra de la sospecha. Y no se trata sólo de las habituales denuncias de ecologistas o regantes referidas a abusos puntuales, sino de acciones judiciales en toda regla que en estos momentos involucran a destacados personajes del ministerio de Medio Ambiente y de las confederaciones hidrográficas.
Ante un cuadro semejante, cualquier gobierno democrático homologable debería ponerle luz y taquígrafos a la materia e iniciar cuando menos una depuración cautelar de ese ámbito administrativo, como debería revisar los regímenes de incompatibilidades y otras normas que eviten las situaciones equivocas y las corruptelas. Pero el actual Gobierno central ha hecho lema del sostenella y no enmendalla , y más en un tema como el del agua, donde está manteniendo una apuesta particularmente agresiva.
