En los últimos días del año que acaba de irse, la Cámara de Cuentas de Aragón ha hecho público un nuevo informe sobre la gestión de la Universidad de Zaragoza correspondiente al año 2011. En dicho documento se denuncian irregularidades tan importantes como estas: contratación del personal interino basada en criterios oscuros y sin someterse a una convocatoria pública (se utilizan listas de espera confeccionadas en 2003); interinidades que se convierten en permanentes en contra de la temporalidad que la legislación prevé para ese tipo de personal; adjudicación de contratos sin pasar por un concurso público de licitación; adjudicación de obras a las empresas con presupuesto más elevado; encargos a empresas con contratos extinguidos; prórrogas de contratos formalizadas después de que hubiese terminado el contrato principal; contratos de servicios de seguridad, de auxiliares de conserjería y de sistemas de seguridad para el acceso de vehículos al campus para días festivos y horario nocturno; pésimo funcionamiento de la unidad de control interno, lo cual da lugar a que haya un absoluto descontrol del grado de cumplimiento del profesorado.

Si esas anomalías fueran puntuales, sería suficiente un firme propósito de enmienda por parte de los órganos de gobierno de la Universidad de Zaragoza, pero el problema es que son una especie de bola de nieve que se va agrandando cada año, tal y como puede comprobarse a través de la lectura de los informes de años anteriores. En el informe correspondiente al 2008 se llegó a acusar a la gerencia de haber aprobado gastos correspondientes a contratos de obras complementarias sin existencia de crédito presupuestario. En el relativo al año 2009 se evidenciaba la ilegalidad manifiesta que supuso haber convertido de forma automática a un elevado número de profesores prejubilados en eméritos, sin la existencia de partida presupuestaria. Y para más recochineo, una buena parte de esos profesores convertidos en eméritos no habían dirigido una sola investigación, no habían publicado un solo artículo en revistas de impacto y ni siquiera habían logrado ser doctores después de llevar más de treinta años como docentes universitarios. Curiosamente, ese mismo año se negó la condición de emérito a algún profesor con bastantes sexenios reconocidos de investigación, que además había sido premio nacional de investigación, sin argumentación motivada en derecho, tal y como exige el artículo 54 de la vigente Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Esa lista de chapuzas y de presuntas ilegalidades, junto con el elevado costo de determinados servicios cuyo rendimiento es prácticamente nulo, explican bien a las claras el terrorífico lugar que ocupa la Universidad de Zaragoza en el ránking de las universidades más prestigiosas del mundo. Menos mal que en ese desierto hay algunos oasis, a nivel de grupos de investigación, que pueden codearse con los mejores a escala planetaria, debido a la valía, al esfuerzo y al tesón de sus miembros.

Si estuviéramos hablando de una universidad privada que no se financiara con fondos públicos, el problema dejaría de tener trascendencia. Sin embargo, estamos hablando de una universidad que se financia con los impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas, que además lleva el nombre de la capital aragonesa, y que es la única pública de Aragón.

Todo lo expuesto hasta aquí es de por sí sumamente grave, pero mucho más lo es que, a pesar de esa serie de irregularidades denunciadas por la Cámara de Cuentas año tras año, todavía no se hayan producido dimisiones en el consejo de gobierno, ni ceses fulminantes, ni tampoco haya sido imputado judicialmente ningún responsable de esa reprobable gestión. Una cosa es el respeto a la autonomía universitaria y otra bien distinta es aceptar que se pueda gestionar una universidad pública como si se tratara de un cortijo propio.

Viendo cómo pasan los años sin que ningún miembro del equipo de gobierno haya sido imputado judicialmente, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados por la Cámara de Cuentas, cabría suponer que los contenidos de dichos informes son falsos. Si así fuere, no entiendo como el Rector no ha presentado una querella criminal contra ese organismo fiscalizador por calumnias y difamación.

La otra posibilidad es que sean ciertas todas y cada una de las anomalías denunciadas por la Cámara de Cuentas. En este caso, me parece increíble que el órgano jurisdiccional competente no haya iniciado las pesquisas policiales necesarias para determinar las posibles responsabilidades de los gestores de la Universidad de Zaragoza (administrativas, civiles, o penales).

Tanto en un supuesto como en el otro, creo que no puede pasar un día más sin que se exijan esas responsabilidades, bien sea al equipo de gobierno de la universidad por su anómala gestión, bien a los miembros de la Cámara de Cuentas por ofrecer esa mala imagen de nuestra universidad sin apoyarse en datos irrefutables. Estoy convencido de que el silencio y el mirar para otro lado, como si no pasara nada, es lo peor que le puede ocurrir a la Universidad de Zaragoza, a la Cámara de Cuentas y al propio Gobierno de Aragón. Son esos silencios cómplices los que explican la tremenda desafección de la ciudadanía hacia las instituciones públicas de nuestro país. Catedrático jubilado, Universidad de Zaragoza