La salida de la crisis económica y social derivada de la pandemia del covid-19 exige grandes acuerdos políticos y sociales. Todo el mundo lo dice, pero cuesta mucho concretarlos. Especialmente, cuando las partes han de ceder en algunos de sus planteamientos. El Consejo de Ministros aprobó ayer -fruto de un acuerdo entre la CEOE, CCOO y UGT- que los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) por causa de fuerza mayor puedan prolongarse, como mínimo hasta el 30 de junio, aunque se levante el estado de alarma. Y se permitirá también que dejen de ejecutarse de manera parcial. Es una medida que tiene toda la lógica porque las actividades económicas que fueron suspendidas con el estado de alarma van a retomarse de manera progresiva y asimétrica. Si los aforos de determinados comercios o servicios quedan reducidos a un tercio o a la mitad, las empresas tienen que poder reintegrar solo a una parte de sus trabajadores para asegurarse de que los puedan pagar. En caso contrario, muchos no abrirían aunque pudieran.

Además, esta medida libera a muchos trabajadores de quedar secuestrados en la próxima votación en el Congreso para prolongar el estado de alarma. Si en las próximas semanas el Gobierno garantiza otras ayudas desvinculándolas de esta norma tendrá menos presión para mantener una medida excepcional que cada día goza de menos apoyo social y político.

Este acuerdo no es fácil de digerir para los agentes sociales que lo han firmado. Los sindicatos han admitido un cierto grado de discrecionalidad en el levantamiento de los ERTE y aceptan también que, en algunos sectores, los ertes se prolongarán durante el verano. La patronal, por su parte, ha aceptado que la prórroga extienda también el tiempo en el que no pueden plantear despidos colectivos por causas económicas. Para las grandes empresas, esta es una medida asumible si están saneadas, pero para muchas medianas y pequeñas puede comprometer su futuro en sectores, como el turismo, en el que la parálisis prácticamente obligará a perder todo el año. Todos han cedido razonablemente, un espíritu del que tendrían que tomar buena nota los partidos políticos y acabar con ciertas pujas que no hacen más que alejarlos de las preocupaciones actuales de la sociedad.

Este segundo acuerdo de los agentes sociales bajo el patrocinio del Gobierno marca el camino a seguir en la reconstrucción. La caída del PIB prevista para España va a ser una de las más contundentes de la zona euro. Las ayudas de la UE van a traducirse en deuda pública, aunque sea a largo plazo y bajo interés. La capacidad de resistencia de las familias, pero también de las empresas, no siempre va a permitir superar este tsunami. Esta enumeración no pretende pintar un panorama oscuro sino evidenciar que las consecuencias negativas de la crisis derivada del coronavirus van a ser para todos. Si la idea básica es que nadie quede atrás, hay que empatizar con su impacto en todos y cada uno de nosotros y en lugar de intentar trasladar las cargas hay que repartirlas. No es fácil porque muchas espaldas están ya cansadas de la última crisis, pero la magnitud es tal que vale la pena hacer el esfuerzo.