Resulta que la Junta Electoral resuelve que debe retirarse el acta de diputado al presidente de la Generalitat de Cataluña por no obedecer la orden de eliminar los lazos amarillos de los edificios públicos en plena campaña electoral. Resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo avalan esa propuesta. Resulta que el Parlamento de Cataluña acepta retirar el acta de Quim Torra como diputado, pero le permite seguir como presidente de la Generalitat. Resulta que los dos socios en el Gobierno de Cataluña andan a la gresca, apuñalándose (metáfora, ¡eh!) uno a otro sin misericordia, pero Torra dice que aprobará los presupuestos elaborados por su socio, Esquerra Republicana (ERC), y luego convocará elecciones autonómicas. Resulta que el presidente del Gobierno de España dice el miércoles que hablará con Torra el 6 de febrero. Resulta que el jueves a primera hora anuncia que ya no lo hará. Resulta que la tarde del mismo jueves rectifica y dice que sí se reunirán, eso sí, tras recibir en Moncloa al portavoz parlamentario de ERC, que, supongo, lo conmina a celebrar esa entrevista o a recoger su ropa y salir inmediatamente hacia su casa. Y así casi todo.

Entre tanto, los agricultores extremeños, hartos de que los beneficios de los productos y del trabajo del campo se los queden los intermediarios, se presentan en la feria agrícola de la localidad de Don Benito para protestar por la situación, y denuncian, por ejemplo, que les pagan por un kilo de ajos menos de 1 euro, mientras su precio en el supermercado oscila entre los 5 y los 7 euros.

Soluciones

Resulta que el ministro de Agricultura, el muy valiente, se esconde detrás de la Policía en esa feria de Don Benito en vez de dar la cara y entrevistarse con los agricultores para escuchar sus demandas y buscar soluciones, como debería hacer cualquier ministro interesado de verdad por los asuntos de España, y no solo por su sillón.

Resulta que el secretario general de la UGT, que vive tan ricamente de las subvenciones del Estado, acusa a los manifestantes extremeños y andaluces de ser «terratenientes y carcas», en vez de defender los derechos de los trabajadores del campo y ponerse de su lado.

Resulta que en más de año y medio de gobierno de Pedro Sánchez no se ha hecho nada por acabar con las corruptelas de la Política Agraria Común (PAC), que subvenciona con millones de euros a los grandes propietarios agrícolas, a veces por el mero hecho de serlo.

Resulta que este Gobierno se autodenomina «progresista»; tal cual.

*Escritor e historiador