La Audiencia Nacional ha declarado nulos los despidos de 821 trabajadores de las ocho plantas embotelladoras de los productos de Coca-Cola en España y ha puesto patas arriba todo el proceso de fusión y reestructuración que las concesionarias de la multinacional habían realizado. Una vez más, los tribunales han dejado en evidencia las lagunas de la reforma laboral aprobada por el PP hace dos años y que, entre otras cosas, ampliaba la discrecionalidad con la que las empresas podían abordar una reestructuración y reducción de costes por medio de despidos. El pasado mes de mayo, la misma sala de lo laboral de la Audiencia Nacional ya tumbó una parte del ERE de Panrico por una cuestión vinculada en el fondo al caso de las embotelladoras de Coca-Cola. La empresa ya ha anunciado que recurrirá al Supremo, con lo que queda de momento en el aire la readmisión de buena parte de la plantilla con el pago de los salarios atrasados y la reapertura de las plantas que las empresas ahora unificadas habían cerrado. Un auténtico galimatías que una ley menos discrecional habría podido evitar.
