Corría el lejano 1892 cuando en el Condado de Johnson, en Wyoming, al oeste de los Estados Unidos, los pequeños colonos vaqueros con explotaciones familiares se organizaron frente a los abusos de los barones ganaderos creando su primera asociación, la Northern Wyoming Farmers and Stock Growers Association (NWFSGA) (Asociación de Ganaderos y Granjeros del Norte de Wyoming). Estaban hartos de que los terratenientes con decenas de miles de cabezas de la Wyoming Stock Growers Association (WSGA) (Asociación de Ganaderos de Wyoming) de Cheyenne fijasen los precios de la carne, se apropiaran de todo el terreno de manera ilegal simplemente colocando una alambrada, no permitiesen a sus empleados tener sus propios animales y lo que es más grave, residiesen en Nueva York o en Londres cobrando sus rentas. No sólo eso, en aquel lejano oeste fronterizo, hasta la constitución del Estado de Wyoming en 1890 y su admisión en la Unión, la WSGA era el gobierno de facto del territorio. Ambas asociaciones terminaron contratando pistoleros a sueldo acusando a los otros de robarles el ganado no marcado y aquello acabó en una guerra de emboscadas, incendios, linchamientos y asesinatos. Al final tuvo que intervenir el ejército estadounidense (El 6º de caballería concretamente) cuando los pistoleros de la WSGA ahorcaron a dos líderes ganaderos, Ella Watson y Jim Averell y ocupar aquel Estado.
Como muchos de los dirigentes de la WSGA apoyaban a los republicanos, los pequeños colonos decidieron que por las armas no lograrían vencer a los terratenientes (y a sus pistoleros) y apoyaron a un candidato demócrata, el médico John Eugene Osborne, para que fuera el nuevo gobernador venciendo por primera vez en las siguientes elecciones y legislando en favor de los pequeños residentes.
Hoy nuestros agricultores y ganaderos protestan en las calles por los bajos precios de las verduras, la leche y las frutas, donde intermediarios y distribuidores multiplican en ocasiones por diez el precio de lo que percibe el productor a lo que paga el consumidor. Los sindicatos Asaja, COAG y UPA denuncian que los precios de los alimentos llevan años sin actualizarse y que a los efectos del veto ruso y la subida de aranceles de Donald Trump a las exportaciones agrarias de la UE se suma la subida en los costes de producción frente a otros países del norte de África o de América del Sur. Resulta imprescindible legislar en determinadas materias para que no desaparezcan las pequeñas explotaciones y que una suerte de nueva WSGA formada por las grandes cadenas de supermercados e hipermercados sea la única productora. Primero, las ayudas de la Política Agraria Común deben ser para los agricultores y ganaderos cuya labor sea su principal ingreso y que además residan en el mundo rural. No es posible que empresarios rentistas residentes en Madrid y Barcelona, con otras actividades económicas, complementen sus ingresos mediante ayudas destinadas a mantener el mundo rural. Segundo, es importante regular y difundir los precios para que el consumidor sepa que lo que paga cuando compre un producto no supera en número determinado de veces lo que cobró el productor por ello. Y tercero y no por ello más importante, hay que hacer campañas para que el consumidor compre alimentos de proximidad y de temporada. Si uno reside en Aragón resulta incoherente desayunar todos los días zumo de piña y tostadas con aguacate, comer ensaladas de tomate en invierno y naranjas de postre en verano. Y si lo hace, que se graven estos productos fiscalmente por el daño al planeta que se produce en su traslado. Nadie quiere que esto sea el Lejano Oeste ni que nos rijamos siempre por la ley del más fuerte. H *Politólogo, escritor y coordinador del Grupo Socialista en las Cortes
