Antes que nada, la aclaración. Matizo lo que escribí en El Independiente del viernes. El Gobierno de Aragón está facilitando ejemplares del convenio firmado con Guissona relativo a la posible implantación de dicha empresa en Épila. No lo ha colgado en sus webs ni lo ha repartido de oficio a los medios. Pero lo da a quien lo solicita.

Es decir, no hay secretismo. Vale. Pero el susodicho convenio sí que contiene, como adelanté en un intento de situar esta operación en su auténtica realidad, diversas y onerosas concesiones al inversor, el cual, sin embargo, adopta compromisos mucho más vagos. El Gobierno aragones (y en menor medida el Ayuntamiento de Épila) van a facilitar al máximo los trámites previos a la instalación de un complejo agroalimentario como el previsto. El proyecto será declarado de interés general para nuestra Comunidad. Se dispondrá el suelo preciso mediante expropiaciones (Guissona ya tiene 200 hectáreas en el mismo término municipal). Por cuenta del contribuyente serán construidos todos los accesos, ampliando vías actuales y construyendo un gran intercambiador. También las acometidas. Y tendrá agua en la cantidad precisa, usando concesiones de los regantes de la zona y en cualquier caso caudales provenientes de Yesa, que quedarán comprometidos de manera específica (no me extraña el empeño en recrecer ese pantano, pese a que las laderas donde ha de asentarse la presa siguen sin estarse quietas).

Claro, me dirán, pero se van a crear 4.000 puestos de trabajo (y otros 6.000 indirectos, aseguró entusiasmada Marta Gascón, la consejera de Economía). Bueno, esa es una presunción que, en mi modesta opinión, peca de voluntarismo. Aunque los mataderos y manipuladoras ocupan una mano de obra intensiva (y sujeta a salarios mínimos o destajos terroríficos), esas descomunales cifras no cuadran.

Llegados a este punto cabe preguntarse por qué Guissona va a tener tantas facilidades, y otras empresas no (incluso todo lo contrario). Y por qué este tema se ha presentado a la opinión pública mediante el pésimo procedimiento de comunicarlo otorgando la primicia a un único medio (que luego apadrina de alguna forma el proyecto) y exagerando de tal manera el volumen de la operación que esta acaba resultando casi inverosímil. Así nos fuimos echando al cuerpo, en el pasado, decenas de aventuras, muchas de las cuales acabaron en nada y otras han cuajado a duras penas sin que su resultado justifique el dinero público que allí se invirtió. No cito ninguna de ellas, porque la lista completa no cabría aquí, y porque las personas con escasa comprensión lectora creerían que identifico unas cosas con otras, cuando no se trata de eso.

Lo más desconcertante es que no existe ningún protocolo inteligible que regule o normatice con alguna seriedad las ayudas que se pueden (y deben) dar a las empresas que se instalan o amplían. Hasta la fecha, algunas consiguen ventajas increíbles (subvenciones, exenciones o préstamos especiales), que dejan perplejos a quienes han tenido que buscarse la vida.

De momento, una vez más, a ponerlas. Luego... a ver si hay suerte.